Ministerio Público confirmó grave situación de hacinamiento carcelario en Risaralda

La situación de hacinamiento en las estaciones de policía y centros de detención transitoria en varios municipios de Risaralda no es nueva, pero se vuelve cada vez más delicada, pues las mismas autoridades han reconocido en diferentes ocasiones, que se han vulnerado derechos humanos de las personas privadas de la libertad, quienes han denunciado las condiciones en las que viven por medio de redes sociales.

Al respecto, tanto la Procuraduría Provincial como la Defensoría del Pueblo, abrieron una medida preventiva y realizaron inspecciones a los sitios confirmando que lo delicado de la situación, según indicó el defensor del pueblo de Risaralda, Fustel Manyoma, es que la problemática no sólo está en Pereira, sino que se ha extendido a centros de detención temporal en Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría, Apía, entre otros.

"La Defensoría del Pueblo, en unión con la Procuraduría General de la Nación, ha venido dando cumplimiento a la sentencia de unificación de la Corte Constitucional con visitas a las Personas Privadas de la Libertad en los centros de reclusión transitoria para verificar su estado frente al trato de los derechos humanos. Es así como se pudo llegar a los CDT que se encuentran en el área metropolitana y el municipio de Santa Rosa. En la visita se pudo determinar que sí hay un tema de hacinamiento que perjudica el desarrollo de la vida de los detenidos", puntualizó.

Señaló que la responsabilidad de plantear soluciones no es del INPEC, USPEC, ni la Policía Nacional, sino de los mandatarios locales con los que se establecieron unos acuerdos para garantizar el trato humanitario y las condiciones dignas de los privados de la libertad.

En esa misma medida, el procurador provincial y regional de Pereira, Leonardo Fabio Reales, confirmó que el gobernador de Risaralda adelantará reuniones con los alcaldes de los 14 municipios para avanzar con el convenio por mil millones de pesos con el INPEC para los traslados y atención de los privados de la libertad, así como el convenio para solucionar esta situación en la ciudad de Pereira.

"El gobernador dejó claro el avance del convenio con el INPEC por parte del departamento, habló de un convenio de mil millones de pesos aproximadamente. En el caso del municipio de Pereira, la secretaria de gobierno también habló de un convenio por parte del municipio con la institución penitenciaria que supera los 400 millones de pesos. Sigue la preocupación por el aspecto humanitario, por el hacinamiento, pero esperamos que con estos convenios podamos mitigar la problemática en el departamento de Risaralda", precisó.

Finalmente, el defensor del pueblo, Fustel Manyoma, enfatizó en que los compromisos anteriores son a corto plazo, pues la solución de fondo a esta situación debe darse a largo plazo con la adecuación, construcción y equipamiento de nuevos centros de detención y que ese será el reto de los mandatarios entrantes el próximo 2024.

En cuanto al trato humanitario, la asistencia y las garantías básicas para las personas privadas de la libertad, se buscará también la posibilidad de que los recursos del FONSET, Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se puedan destinar para la entrega de kits de aseo, alimentación, brigadas de salud, entre otros.

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