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En dos semanas se define tribunal de arbitramento que podría arruinar a Bogotá

Están en juego 1 billón 195 mil 714 millones de pesos.

En dos semanas se define tribunal de arbitramento que podría arruinar a Bogotá

El 30 de marzo, de hoy en dos semanas, se hará pública la decisión del más grande tribunal de arbitramento en la historia de Bogotá y, sin duda, uno de los más grandes en la historia de Colombia.

Está en juego una cifra que es difícil de imaginar e incluso de escribir: Un billón 195 mil 714 millones de pesos. Las partes en contienda son por un lado la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, es decir la ciudad de Bogotá, y por otro lado el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, que es un grupo privado que opera el relleno sanitario del mismo nombre.

El contrato arrancó con ruido desde el día de la adjudicación en 2010.

Hubo gritos, insultos e incluso golpes entre prominentes abogados. La audiencia de adjudicación parecía alternativamente plaza de mercado, gallera y cuadrilátero de boxeo. Hubo gritos de “corruptos” “ratas”, palabras de grueso calibre. Los elegantísimos abogados, que cobran millonarios honorarios, se gritaban groserías y se daban golpes ante el bochorno de unos recicladores de basura que –con toda dignidad– habían acudido a la audiencia para conocer la identidad de quienes controlarían el que había sido el lugar de trabajo de cientos de familias que viven de lo que los desechos, de lo que los otros botan.

Entre sonoros alaridos el apoderado de uno de los licitantes decía que su propuesta había sido abierta porque la había marcado con un billete de 2.000 pesos que aparentemente desapareció. Es decir sugería que alguien había abierto el sobre para mostrarle la oferta a un competidor.

Todo arrancó con una revelación de la W. Un mantel escrito en un restaurante con las claves de la licitación. Un mantel premonitorio.

Al final el negocio terminó adjudicado al actual concesionario pero ahí no pararon los problemas.

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En abril de 2015 empezó el primer pleito. El concesionario CGR Doña Juana demandó a la UAESP para que un tribunal de arbitramento determinara que no estaba obligado a realizar inversiones para el tratamiento de los lixiviados, es decir los residuos líquidos, que produce el relleno sanitario.

La UAESP contrademandó pidiendo que el tribunal declarara incumplimiento por parte del contratista.

Ese pleito terminó en 2018 con laudo a favor de la UAESP, de la ciudad de Bogotá. El contratista fue condenado a pagar una suma cercana a los 200.000 millones de pesos.

Pero entonces el concesionario no solo no pagó la condena sino que volvió a demandar. Esta vez por la fabulosa cifra de casi 1.2 billones de pesos. El distrito contrademandó pidiendo revocar el contrato.

Por los días en que terminaba la alcaldía de Enrique Peñalosa y no había empezado la de Claudia López fueron escogidos velozmente los árbitros por parte de la administración saliente. El primero es el exmagistrado del Consejo de Estado Alberto Yepes; el segundo es el reconocido abogado Rodrigo Durán y el tercero era el entonces “rector magnífico” de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón.

El Tribunal de Arbitramento ordenó una polémica medida cautelar que le impide a la administración de Bogotá sancionar al contratista CGR mientras se resuelve el pleito. Es decir la administración quedó maniatada para exigir el cumplimiento del contrato.

Además, el año pasado el árbitro Rodrigo Noguera Calderón fue recusado porque la Alcaldía de Bogotá investigaba una fundación suya. Lo remplazó el abogado Luis Arturo de Brigard.

Hace unos días, y después de tantas vicisitudes, la Procuraduría emitió concepto recomendándole al tribunal negar todas las pretensiones del concesionario privado y dar por terminado el contrato como lo pide la administración de Bogotá.

Ya todos los pasos están cumplidos y en dos semanas se sabrá si los árbitros ordenan darle 1.2 billones de pesos al concesionario, controlado por los empresario cucuteños Carlos Alberto Rangel Esparza y Carlos Mauricio Rodríguez Rojas.

Si eso llegara a pasar –y algunos creen que así será– Bogotá va a quedar en grandes problemas. La cifra equivale al 4 por ciento del presupuesto total de la ciudad para este año.