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Ley de sometimiento: certezas y preocupaciones que ven desde el Congreso

Ariel Ávila y David Luna hablaron en La W y expresaron sus posturas ante el proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales.

Congreso de la República. Foto: Getty Images / Andrés Virviescas

Los senadores de la República, Ariel Ávila, de Alianza Verde; y David Luna, de Cambio Radical, hablaron en los micrófonos de La W sobre la ley de sometimiento que fue presentada por el Gobierno Nacional ante el Congreso.

Sobre los cambios que tuvo la ley tras los cuestionamientos tanto de Fiscalía como de Procuraduría, Ávila mencionó que varios de esos puntos se tomaron en cuenta para la modificación del texto.

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“Nosotros presentamos el proyecto y pasó al Consejo de Política Criminal. Solo la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura votaron en contra. Se recogieron 11 propuestas de cambio y 10 fueron acogidas”, sostuvo.

Por su parte, Luna hizo la aclaración de que en la actualidad se están tramitando dos leyes en simultáneo en el Congreso: la ley de sometimiento y la de descongestión judicial.

“Estas tratan temas como el lavado de activos y el narcotráfico, por eso no deben ser aprobados a ‘pupitrazo’. Por eso, hemos solicitado que se retiren los mensajes de urgencia del Gobierno”, dijo.

Además, aseguró que “claro que debe haber una ley de sometimiento a la justicia, pero debe ser discutida porque el proyecto presentado tiene muchas complicaciones”, agregó.

¿Es hora de cambiar la estrategia de la lucha contra las drogas?

A propósito de este tema, Ávila fue contundente en decir que sí debe haber un cambio y debe ser el de la regularización, pues esto afectaría la economía de las bandas criminales.

“El camino debe ser la regularización. La guerra contra las drogas está perdida, pero no podemos dejar de luchar. Le he pedido al ministro que volvamos a la erradicación. Si hoy legalizáramos la droga, el ingreso económico de las organizaciones criminales bajaría un 60%”, señaló.

Esta guerra nos toca darle por lo menos 10 años más. No hay un ambiente internacional que no permita dejarla, no hay cómo salirse fácil de esto”, añadió.

El senador de Cambio Radical por su parte mencionó que ese cambio que propone Ávila no se puede dar de un día para otro: “pensar que se le va a cambiar la visión a todo el mundo es equivocado”.

“Tenemos que ser claros para que la fuerza pública pueda enfrentar los delitos. Coincido en el tema de sustitución de cultivos, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando”, comentó.

Por otro lado, el congresista Ávila se refirió a las declaraciones de la procuradora Margarita Cabello en la que cuestionó la falta de claridad del proyecto en el tema de la extradición.

“El tema de extradición no se tocó. Eso lo tocarán los gobiernos de Estados Unidos y el de Colombia. Debe haber una fase de acercamiento para ver la disponibilidad de sujeción. He pedido que el presidente nombre ese equipo de acercamiento para dar tranquilidad, el que quiera se somete y el que no está bien”, expresó.

A su vez, el senador Luna habló de la reunión de Vargas Lleras con fiscal Francisco Barbosa y los reparos que el líder de Cambio Radical tiene con la ley de sometimiento.

“Toda la bancada nos reunimos con él y mencionó algunos temas que generan preocupación: la capacidad que tendrán los narcos de guardar un promedio de $10.000 millones de fortuna y él (el fiscal) señala que el artículo no es claro en la reparación de víctimas”, comentó.

“Lo segundo es el que hace referencia a que la Fiscalía debe entregarle al alto comisionado expedientes del sector probatorio”, aseguró.

A propósito de este tema entre el alto comisionado para la Paz y el fiscal general de la Nación sobre entregar expedientes y documentos del ente acusador, Ávila explicó que “al final, el proyecto de ley buscaba que no existieron colados en las listas de las organizaciones criminales, por eso se puso doble candado: el comisionado de paz y la Fiscalía”.

Finalmente, Luna destacó que el máximo incentivo que deben tener las bandas para someterse a la justicia es la de la no persecución de las autoridades, aunque remarcó de nuevo que la extradición no puede ponerse en duda.

“Si desarrolla la protección de la sociedad, un grupo al margen de la ley preferirá someterse y dejar de desarrollar la actividad ilícita (…). La extradición no puede ponerse en duda. En el proyecto debe quedar claro que ese tema no debe ser negociado”, concluyó.

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