Defensoría advierte sobre los impactos del paro minero en Antioquia y Córdoba

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, reiteró su llamado a las autoridades, tanto del Gobierno Nacional como a las alcaldías y gobernaciones, para tomar medidas que permitan anticipar la ocurrencia de situaciones violentas y no permitir que el escenario de la protesta social pacífica se extienda de tal manera que pueda generar la oportunidad para que personas al margen de las mismas causen desmanes que pongan en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos.

“En la última semana hemos asistido a varios escenarios complejos, como el paro minero que se desarrolla en la región del Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Córdoba y Nordeste Antioqueño, que deja un lamentable saldo de una persona fallecida, 7 personas heridas, entre ellas dos menores de edad, 2 ambulancias incineradas y la quema de un peaje, entre otros hechos”, advirtió Carlos Camargo Assis.

“Exhortamos nuevamente al Gobierno Nacional a evitar el escalamiento violento de las protestas sociales, así como la atención temprana a los llamados de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mineras, entre otras, para escuchar sus necesidades, construir rutas de trabajo y dar una pronta respuesta institucional, lo que permitirá disminuir los niveles de violencia y prevenir nuevos actos de alteración del orden público”, agregó Carlos Camargo Assis.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exige a los grupos armados ilegales a respetar la vida, la libertad e integridad de la población civil, en especial de los niños niñas y adolescentes, y a acatar los principios y las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Los impactos del paro minero:

De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, a través de la Regionales Bajo Cauca y Sur de Córdoba, pese al decreto de toque de queda en los municipios en los que se adelanta el paro minero, seis personas fueron heridas por arma de fuego en el municipio de Cáceres, Antioquia, entre ellas dos menores de edad. También se reportó un herido por arma de fuego en el municipio de Tarazá, Antioquia, quien posteriormente falleció.

“A estos hechos se suman los atentados contra la misión médica, entre ellos, la quema de una ambulancia en zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia, que transportaba a una mujer gestante y de otra que se hallaba fuera de servicio en un parqueadero, la quema de dos camiones transportadores de alimentos en el mismo municipio, y los ataques a la infraestructura pública, entre ellos, la quema de una estación de peaje, así como los daños en edificios de la administración municipal de Caucasia y Tarazá, Antioquia”, se indica por parte de la Defensoría.

Por otra parte, en el caso del Sur de Córdoba, se ha presentado el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, combustible y elementos de primera necesidad en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. También escasea el gas natural y está a punto de suspenderse el servicio de agua potable por la falta de insumos para el tratamiento.

“Se registran dificultades en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para provisión de los alimentos a los menores de edad y dificultades en el cumplimiento del calendario escolar en algunas instituciones educativas. Y los campesinos manifiestan dificultades para desarrollar sus labores y sacar sus productos para comercializarlos”, precisa la Defensoría del Pueblo.

“En el caso de las empresas minero-energéticas, se registran alteraciones en los turnos de los trabajadores, imposibilidad de llevar los insumos para los procesos que realizan y bloqueos al tránsito de los camiones con los minerales que extraen del territorio. Algunas empresas contratistas manifestaron el deseo de suspender aproximadamente 170 contratos de los trabajadores, por las pérdidas generadas”, agrega el organismo defensor de Derechos Humanos.