Dudas del Consejo Superior de Política Criminal sobre proyecto de sometimiento

El Consejo Superior de Política Criminal formuló dudas serias sobre el proyecto de ley de sometimiento a la justicia que el gobierno preparó para el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

Recordarán que hace unos días el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó el articulado con la propuesta para que las llamadas organizaciones criminales de alto impacto social puedan someterse colectivamente dentro del plan de paz total del gobierno nacional.

El ministro anunció que el proyecto sería presentado para sus consideraciones al fiscal general de la nación. El fiscal Francisco Barbosa manifestó que haría sus comentarios en el marco de las sesiones del Consejo Superior de Política Criminal.

Pues bien, ese Consejo emitió un documento de trece páginas en las que avala parcialmente, pero formula numerosas dudas sobre el proyecto de ley del gobierno.

Esas observaciones no se limitan al articulado, sino que incluso llegan a la exposición de motivos que encuentran insuficiente para fundamentar una ley de estos alcances y lo señalan de carecer de un diagnóstico claro sobre los potenciales beneficiarios de la norma y el impacto social que tendría su aplicación.

Así mismo afirman que si se convierte en ley generará unos costos por creación de cargos y funcionamiento de la estructura de sometimiento y manifiestan su preocupación porque el proyecto no cuantifica esos recursos, ni señala de dónde saldrán, ni muestra sus consecuencias en el presupuesto general de la nación y en el marco fiscal de mediano plazo.

En pocas palabras, lo que piden es que el Ministerio de Justicia solicite el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.

El Consejo Superior de Política Criminal también encontró posibles vulneraciones a los derechos de las víctimas de las organizaciones delincuenciales. El temor es que no tengan la posibilidad de ser oídas y que se conviertan en simples testigos instrumentales de los beneficios a sus victimarios.

El documento establece que las víctimas deben estar representadas individualmente y que los jueces deben oírlas y tomar en consideración sus argumentos al momento de emitir sentencias contra los victimarios.

También formulan observaciones sobre los beneficios a acusados del delito de concierto para delinquir porque, a juicio de algunos miembros del Consejo, podría terminar beneficiando a desplazadores, torturadores y genocidas; lo cual iría en contravía del Derecho Internacional Humanitario y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto.

Otro punto que genera dudas en varios miembros del Consejo Superior de Política Criminal tiene que ver con la posibilidad de que los delincuentes que se acojan a la eventual ley puedan conservar hasta el 6 por ciento de los bienes que tengan o del producto que se obtenga por la enajenación de los bienes que entreguen.

Frente a esta parte específica del proyecto hay dos tipos de temores:

1. Que sean los jefes de las bandas criminales quienes tengan la posibilidad de discriminar entre bienes ilícitos y teóricamente lícitos; con los cual se quedarían con una parte sobre la cual no contaría el límite del 6 por ciento y, en la práctica, terminen lavando buena parte de sus fortunas sobre la cual el Estado no pueda comprobar el origen ilícito.

2. Que al no existir un tope máximo monetario a esa cifra se abra la oportunidad para que los jefes de bandas criminales conserven patrimonios, producto del crimen, superiores al 6 por ciento.

Estos aspectos del proyecto de ley están inspirados en buena medida en una norma de Estados Unidos llamada Acta Contra Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen Organizado (Rico por sus siglas en inglés). Esa ley ha sido un instrumento importante para desmantelar mafias atacando sus estructuras financieras y estimulando la delación.

La diferencia fundamental es que en Estados Unidos se viene usando caso por caso y no como parte de una política colectiva de sometimiento.

El Consejo Superior de Política Criminal es un organismo asesor del Ministerio de Justicia. Vale la pena decir que puede recomendar al ministro, pero no ordenarle. Sus conceptos no tienen carácter vinculante.

De ese consejo hacen parte además del fiscal general, la procuradora, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el defensor del pueblo, y el director de Planeación Nacional; entre otros.

El ministro de justicia preside el Consejo Superior de Política Criminal que formula estas y otras observaciones.

La realidad, al día de hoy, es que las organizaciones criminales desde las bandas de sicarios hasta el Clan del Golfo (que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas) han manifestado que no les gusta el proyecto de ley de sometimiento. Ellos aspiran a que se les reconozca estatus político.

El proyecto parece estar en el peor de los mundos: Los delincuentes, eventuales beneficiarios, lo consideran insuficiente, mientras que los líderes de la institucionalidad lo perciben como excesivo.