Pedro Castillo habría autorizado equipo de inteligencia para espiar Fiscalía de Perú
El equipo tenía como objetivo obtener información de las llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos de funcionarios del Ministerio Público.
El expresidente Pedro Castillo, detenido desde el pasado 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado, habría ordenado la compra de equipos de inteligencia para recolectar información privada con el fin de usarla en contra de la fiscal general, Patricia Benavides; la fiscal coordinadora de las Fiscalías contra la Corrupción del Poder, Marita Barreto, y el jefe del Equipo Especial, el coronel Harvey Colchado.
Según una investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Castillo habría coordinado con el empresario Jorge Hernández Fernández, alias ‘El Español’, y con el exasesor de Inteligencia de Castillo, Henry Shimabukuro Guevara, la compra y la ejecución de estos equipos.
Más información
Hernández fue detenido ayer por la Policia Nacional del Perú (PNP) por tentativa de homicidio contra Benavides, Barreto y Colchado. Las autoridades lo consideran como pieza clave en la investigación contra el expresidente por liderar una organización criminal durante su período presidencial.
La red delictiva también tendría como participantes a Sergio Castellanos Martínez, Shimabukuro Guevara, Engelbert Hugo Verástegui Díaz, Jorge Fernando Cassanova Cubas y Juan Esteban Asma Bugalo. Según reportan los medios locales, todos son personajes muy allegados al expresidente Castillo.
El objetivo del espionaje era “desacreditar tanto a la fiscal de la Nación como al coronel PNP Harvey Colchado Huamaní” mediante “equipos electrónicos de alta tecnología que tengan la capacidad de obtener información de sus teléfonos celulares, de sus conversaciones, de sus chats, e-mails y otros. Y que debería hacerlo bajo el contexto de una operación especial de inteligencia”, según un informe de las autoridades.
El exmandatario Pedro Castillo cumple una sentencia de 18 meses de prisión preventiva por los delitos de rebelión y conspiración por haber intentado dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre.