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Alerta por “paquetes turísticos” a población migrante en San Andrés

De acuerdo con la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, el contexto geográfico y turístico del archipiélago es utilizado como factor para la migración irregular a través de paquetes promocionales.

Imagen de referencia de embarcación en San Andrés.

Desde San Andrés, varias empresas legalmente constituidas estarían ofreciendo “paquetes turísticos” dirigidos a la población migrante.

Según la Procuraduría General de la Nación, las tarifas de estas rutas oscilan entre 1.500 a 4.000 dólares, las cuales son un puente para avanzar más rápido a países de Centroamérica como Nicaragua, para luego continuar a México y llegar a Estados Unidos como destino final.

De acuerdo con la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, el contexto geográfico y turístico del archipiélago es utilizado como factor para la migración irregular a través de paquetes promocionales.

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Sin embargo, alerta que estos viajes se realizan en embarcaciones que violan condiciones mínimas de seguridad y la normatividad marítima vigente, con riesgo de naufragios.

Ante este panorama, la procuradora hizo un llamado a la Oficina de Control, Circulación y Residencia OCCRE y a Migración Colombia para la “articulación e interoperabilidad que permita confirmar en tiempo real la información de turistas”.

Además, exhortó al sector hotelero para “el reporte de las empresas de turismo en los sistemas de información” y a las aerolíneas a “fortalecer los controles de revisión e identificación de los visitantes al archipiélago”.

Cabello también pidió al director nacional de Migración Colombia aumentar la capacidad de talento humano y considerar la implementación del sistema de reconocimiento biométrico para agilizar el control de ingreso a la isla.

Por último, la procuradora instó a la Dirección de la DIJIN a iniciar macroproceso para “evitar que la isla se convierta en un segundo Tapón del Darién”. Por eso, insistió en la necesidad de identificar las redes detrás del tráfico de personas, judicializarlos y capturarlos, para “frenar la problemática agudizada por la lucha entre estructuras criminales organizadas que quieren consolidar sus redes y controlar las economías ilegales”.