Fiscal niega oportunidad a empresarios que ofrecían declarar contra generales

Hace unos días, les contamos que los dos principales implicados en el “carrusel” de contratación de los carros blindados habían solicitado a la Fiscalía General de la Nación delatar a generales y altos funcionarios que, según ellos, participaron en sus delitos.

Se trata del funcionamiento de una red criminal que se quedó con alrededor de 50.000 millones de pesos con contratos arreglados para la venta y alquiler de carros blindados. La organización involucra a generales y otros miembros de la Policía, funcionarios civiles altos y medios de instituciones públicas, dueños y administradores de concesionarios de vehículos y empresas blindadoras.

Las investigaciones empezaron en 2014 y fueron inexplicablemente abandonadas por la Fiscalía. La fiscal Angélica Monsalve revivió el proceso y rescató las evidencias que incluyen interceptación de comprometedoras comunicaciones, seguimientos, documentos y testimonios que señalan que la empresa M&M Group, cuyo nombre fue cambiado a 7M Group, fue el eje de esta multimillonaria operación criminal.

La investigación debía ir por buen camino porque los dos mayores ejecutivos de esa empresa, Martín Ricardo Manjarrés Cabezas y Yonn Jairo García Rivera, fueron a ofrecer colaboración delatando a sus cómplices.

A cambio de un principio de oportunidad, ofrecía declarar contra estas personas:

• El general Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, de quien afirman recibía regalos y donaciones a cambio de las fichas técnicas de las contrataciones de los carros blindados y no blindados. Según los declarantes, la operación se efectuaba a través de la esposa del alto oficial, doña Eva de Palomino.
• El general William Ernesto Ruiz Garzón, quien, según ellos, pedía donaciones y colaboraciones para protegerlos en la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y direccionar procesos de contratación para que ellos ganaran.
• El coronel Juan Francisco Peláez, de quien aseguran les otorgó contratos de la Dirección de Tránsito de Bogotá y después la Dirección Nacional de Tránsito a cambio de dádivas y favores.
• El coronel John Carlos Roa, sobre quien dicen que les entregaba información sobre procesos de contratación, antes de que fueran publicados, y pedía dádivas y favores a cambio.

También hablan de funcionarios civiles como:

• El exdirector de la Unidad Nacional de Protección UNP, Andrés Villamizar, sobre quien dicen que sabía que el secretario general de la UNP, Julián Marulanda, beneficiaba a los contratistas corruptos. Hace unas semanas, Villamizar me dijo que eso no es cierto, que no conoce siquiera a los declarantes y que es imposible que alguien a quien no conoce señale que él tenía sabía de irregularidades cometidas por un subalterno.
• A Julián Marulanda, secretario de la UNP, lo señalan porque según ellos les entregaba información privilegiada sobre procesos contractuales de compra de carros y repuestos. Y que pedía dádivas a cambio de eso.
• A Carlos Bermúdez Cuchimaque, quien fue funcionario de la UNP. Afirman que Bermúdez era el enlace de los contratistas para arrendamientos de vehículos.
• A Andrés Vaca, quien supuestamente era un amigo personal de Carlos Bermúdez y contactaba a los contratistas para recoger los sobornos.

En la solicitud de principio de oportunidad también señalan a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación:

• El jefe de transportes del ente investigador, John Henry Porras Quitián, quien, de acuerdo con la declaración, les ha dado contratos sin el lleno de requisitos legales, presumiblemente a cambio de dinero.
• El ingeniero mecánico al servicio de la Fiscalía, Harold Rodríguez Castellanos, quien, según los declarantes, les entregaba las fichas técnicas de los vehículos que la institución quería comprar e incluso les permitía modificar esas especificaciones a cambio de dádivas.

También mencionan a empresarios beneficiados, entre ellos:

• El japonés Shinobu Kataoka, quien ha sido presidente de Suzuki en Colombia. Según los declarantes, el señor Kataoka les dio poder a los intermediarios para que adelantaran las contrataciones irregulares y entregaba dádivas a los funcionarios que lo favorecían.
• Alejandro Salvino, de Blinsecurity quien, según ellos, tenía contacto directo con Julián Marulanda de la UNP y era favorecido con los contratos de alquiler de blindados.
• Aldo Salvino, hermano del anterior y también directivo de Blinsecurity, señalado por los mismos hechos.
• Luis Wilson González, de GMW Blindajes, a quien también acusan de haber sido beneficiado por favorecimientos de Julián Marulanda mientras estaba en la UNP.
• Alan Perlman, empresario, de quien aseguran tenía injerencia directa en la contratación de la UNP.

Todo eso y más ofrecían declarar los investigados Manjarrés y García, pero la vicefiscal Martha Mancera, actuando como fiscal general de la Nación, negó el principio de oportunidad diciendo que los declarantes no han entregado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que actuaron con los presuntos coautores de los delitos.

Mañana viernes 3 de marzo, a las 8:00 de la mañana, la fiscal Monsalve está citada en la Comisión de Acusación para ampliar su denuncia contra el fiscal general Francisco Barbosa.

No hay que esperar mucho de este proceso. El representante investigador es el cuestionado político Wilmer Carrillo, procesado por la Corte Suprema de Justicia por dos casos de corrupción. El primero por el robo al hospital de Ábrego en Norte de Santander y el segundo por recibir obras no terminadas como secretario de infraestructura de ese departamento.