Corte Suprema dejó en firme la investigación en contra del gobernador Aníbal Gaviria

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, quien fue elegido para el período de 2004 a 2007, y luego también para el período 2020 a 2023, apeló ante la Corte Suprema el auto que no le anuló el proceso en su contra por presunta corrupción en 2005, con irregularidades en la contratación para la construcción y mantenimiento en la troncal de La Paz, exactamente en el tramo La Cruzada - Caucasia, Sector Nuevo Oriente - Escarralao, durante su primer mandato.

Según la investigación se dispuso la entrega de un anticipo equivalente al 15% del valor básico del contrato, pero en la minuta del contrato se consignó el 25%, de hecho, consecutivamente se iban desembolsando porcentajes mayores.

W Radio conoció que la Corte Suprema de Justicia estudió el caso nuevamente y negó la apelación bajo el argumento de que, sí seguirá siendo investigado bajo la Ley 600 de 2000 y no la Ley 906 de 2004, discusión que resolvió en su momento la Fiscalía en fase de investigación.

Eso quiere decir que no se le aplicará el principio de preclusividad porque no es posible reabrir esa discusión.

Ahora, llama la atención que, en este documento de la Corte queda en evidencia cómo los no aforados: Margarita Ángel Bernal, secretaria de infraestructura física, el empresario Luis Fernando Solarte Viveros y José Ignacio Narváez Mora, van a ser potencialmente testigos en el caso de Aníbal Gaviria y estarían negociando un principio de oportunidad.

Y aunque la Corte Suprema negó acceder a las inspecciones judiciales de los procesos seguidos contra no aforados en primera instancia, y a las declaraciones que estos testigos pudieran haber rendido en sus acercamientos por un principio de oportunidad, también dejó sentado que en caso de concretarse ese principio en la fiscalía, el gobernador Aníbal Gaviria tendría derecho a conocer sus declaraciones.

Recordemos que la Corte le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras se llevaba a cabo la investigación en su contra por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y otros delitos relacionados, sin embargo, en 2021 quedó con libertad provisional por vencimiento de términos y volvió a ser gobernador de Antioquía.