‘Robo de Magdalena’: gobernador recusó al fiscal Francisco Barbosa

Por medio de un documento de 31 páginas, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, recusó al fiscal General Francisco Barbosa; la vicefiscal general, Martha Mancera y a los fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes Durán, Andrés Alberto Palencia Fajardo, Leonardo Augusto Cabana Fonseca y Víctor Andrés Salcedo Fuentes, por considerar que se le han vulnerado sus derechos en medio del escándalo de corrupción del ‘Robo de Magdalena’.

Los argumentos con los que se sustenta la recusación son la supuesta vulneración de sus derechos al debido proceso, la presunción de inocencia, el buen nombre.

Cabe recordar que el pasado 13 de febrero la Fiscalía General anunció la imputación de cargos contra el gobernador Caicedo, por hechos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación, específicamente en la suscripción de un contrato de 6.954 millones de pesos para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) además de dos ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda en la capital del departamento de Magdalena.

Según la investigación se habrían presentado fallas en más de 979 millones de pesos en medio de sobrecostos; el contrato fue suspendido en 2018 y aún no ha sido liquidado.

Por estos hechos al gobernador le imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.

“El fiscal Francisco Barbosa y la vicefiscal a través de su comunicado tendencioso y violatorio del buen nombre y la presunción de inocencia, así como el fiscal Jaimes Durán han manifestado su opinión sobre el objeto materia de la solicitud de imputación y petición de medida de aseguramiento ante medios de comunicación de amplio espectro informativo, tal como se ha resaltado y subrayado con anterioridad, desbordando sus funciones legales y evidentemente incursionando en lo que, precisamente, quiere evitar el artículo 27 de la Ley 906 de 2004 y otros principios señalados a lo largo de esta petición. Estando, entonces, incurso, por supuesto en la causal de recusación de que da cuenta la segunda parte del numeral 4º del artículo 56 ibidem”, señala el documento.

Caicedo también dijo que por más de 20 años ha sido perseguido política y judicialmente no solo en el Magdalena sino también a nivel nacional.

“El Fiscal General de la Nación y la Vicefiscal como cabezas visibles de la institución promueven y autorizan los comunicados de prensa en los que se muestran los avances de las investigaciones más relevantes del país y en el presente caso informan el 13 de febrero de 2023, del proceso que denominaron “El Robo del Magdalena”42 en el que tendenciosamente se me compara con los gobernadores Cotes a quienes he denunciado en múltiples oportunidades ante la Fiscalía que nunca ha hecho nada”, aseguró.

También agregó que, “muestran su parcialidad en mi contra al ser el único de los que aparece en ese comunicado a quien le anuncian imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad, siendo que los supuestos dineros perdidos son de 1.600 millones aproximadamente en tres contratos (lo que de por si es falso), infinitamente menor del contrato de la vía de la prosperidad que asciende a más de 70 mil millones de pesos y por la que imputarán a los Cotes”.

El gobernador de Magdalena que es histórica la animadversión del fiscal jefe de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, “la mala fe de la Fiscalía es evidente, se cae por su propio peso el argumento contrario sobre que procede rectamente, al afirmar JAIMÉS DURÁN que se han archivado más de 80 investigaciones, toda vez que ello lo único que refleja es la utilización de la justicia y el abuso del derecho de denunciar, contrario a los deberes constitucionales contemplados en los artículos 92 y 95 numerales 1º y 7º de la Carta Política, claro ejercicio de abuso del derecho”.

El pasado mares se conoció que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a los exgobernadores de Magdalena Rosa Cotes y Luis Miguel Cotes, por su presunta participación en hechos de corrupción que se habrían presentado en esa región del país entre los años 2013 – 2019.

Ante un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se adelantó la audiencia en la que la Fiscalía formalizó la imputación de cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Según la investigación de la Procuraduría, se habrían detectado irregularidades en cinco contratos que habrían representado un presunto detrimento patrimonial de $75.000 millones.