Odebrecht: EE.UU. le advirtió a Luis Fernando Andrade sobre riesgo contra su vida

El expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, aseguró que salió del país luego que el Gobierno de Estados Unidos, le hubiese advertido acerca del grave riesgo que existía sobre su vida, tras las muertes en extrañas circunstancias de Jorge Pizano, controller de Odebrecht y su hijo, Alejandro Pizano Ponce de León, ocurridas en 2018.

El pronunciamiento de Andrade se dio luego que la Fiscalía General anunciara una nueva imputación de cargos en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, por el escándalo de Odebrecht específicamente por las presuntas irregularidades en la Ruta del Sol II.

También rechazó que se hubiese anunciado imputación de cargos contra varios de los testigos que han declarado a su favor en medio del juicio que se lleva a cabo en su contra ante el juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

En medio de la diligencia que se adelantó en la mañana de este lunes, Andrade señaló que se fue del país para salvaguardar su vida.

“¿Por qué estoy yo en este momento en Estados Unidos? porque cuando murió el doctor Jorge Enrique Pizano y su hijo dos días más tarde que hubieran sido los testigos clave en este caso y en muchos otros casos, el Gobierno de Estados Unidos me dijo que mi vida estaba en riesgo y me pidió que regresara a este país lo más pronto posible”.

“Aquí me recibió el delegado dentro del Departamento de Estado a cargo de las personas que están siendo retenidas injustamente fuera de Estados Unidos, tuve que acudir a esa instancia para proteger mi vida, señor juez esto que está haciendo la Fiscalía en este momento merece que lo conozca usted y los jueces en Colombia y que se tomen decisiones al respecto”.

Este pronunciamiento se suma al que hizo en las últimas horas y en el que repudió la decisión de la Fiscalía, por considerarla inconstitucional.

Andrade aseguró que se siente profundamente preocupado y sorprendido por los anuncios del fiscal general Francisco Barbosa, sobre el caso de corrupción trasnacional más fuerte de los últimos años en Colombia.

Señaló que los hechos sobre los que la Fiscalía pretende imputarle nuevos cargos están justificados con argumentos falsos.

“Los hechos anunciados por la Fiscalía en la rueda de prensa para justificar las nuevas imputaciones son falsos. Las pruebas entregadas por mis abogados son contundentes y son de pleno conocimiento por parte de la Fiscalía”, aseguró.

Según la Fiscalía General de la Nación a través de cuatro otrosíes, se contrataron diseños y obras, y se modificó la forma de pago del tramo Ocaña – Gamarra, en presunto desconocimiento de las normas y criterios de contratación.

“Esos hechos me fueron imputados desde el 2017 dentro del proceso penal que actualmente se encuentra en etapa de Juicio oral ante el Juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento”.

También afirmó que esto perjudicará su defensa en medio del proceso penal que se adelanta en su contra por Odebrecht.

“No hay nada novedoso en ellos. Lo novedoso es que ahora, siete años más tarde, quieren imputar a los que fueron o van a ser llamados como testigos de la defensa, bloqueando de esta manera mi derecho a la defensa técnica y material. En estas condiciones ¿quién se va a atrever a dar un testimonio ante el pedido de mis abogados?”.

Andrade señala que la Fiscalía está desconociendo lo que establece la Constitución Política de Colombia.

“Esto se suma al comunicado de la Fiscalía General de hace unas semanas, donde anunciaron que intentarían por tercera vez una imputación en mi contra por los diseños del puente de Plato, en la Ruta del Sol, Sector III. Esta pretensión ya ha sido declarada nula en dos oportunidades por un Juez de la República. El modelo procesal no puede permitirle a la Fiscalía desconocer que la constitución prohíbe imputar nuevos cargos por los mismos hechos”, afirmó.

Sobre las imputaciones contra varios de los funcionarios de la ANI, dijo que se quiere adelantar la imputación seis años después.

“Los funcionarios de la ANI que según los dos últimos comunicados de prensa serán imputados son personas honestas que se han dedicado a servir al país. Ya son 22 los funcionarios afectados. Fueron ellos quienes, a través de su incansable trabajo, lograron entregarle a Colombia las obras de infraestructura de transporte más importantes en su historia, tanto por su magnitud como por el impacto en la competitividad del país. Me duele que estos funcionarios ahora sean objeto de la misma persecución que estoy viviendo desde hace seis años”, dijo.

Finalmente, anunció que acudirá a instancias internacionales para garantizar que no se vulneren sus derechos.

“Ante estas graves irregularidades le hago un llamado a los jueces de la República para contener las actuaciones de la Fiscalía en desconocimiento de la constitución y la ley. Acudiré también a instancias internacionales para asegurar mis derechos fundamentales; como lo hice en el pasado”, afirmó.