Inconsistencias en cuentas de la campaña del presidente Gustavo Petro

Ha pasado bastante inadvertida una información revelada el viernes 24 de febrero al final de la tarde por la Unidad Investigativa del diario El Tiempo y la revista Cambio.

Se trata de una serie de observaciones a las cuentas de la campaña del presidente Gustavo Petro. Esas observaciones sobre inconsistencias contables fueron formuladas por la empresa de auditoría Nexia Montes y Asociados, contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los informes de la empresa auditora señalan que hubo una aparente maniobra de cambio de facturas en la campaña de Petro para mantenerse dentro de los topes legales de financiación. Los auditores también afirman que hubo pagos a empresas que no habían sido constituidas en el momento del desembolso y donaciones en especie que no aparecen en los libros.

La más llamativa de las presuntas irregularidades tiene que ver con la reversión de una factura de una empresa de seguridad que salvó a la campaña del hoy presidente de volarse los topes de financiación.

Los gastos de la primera vuelta se acercaron peligrosamente a la violación de los topes de campaña. El tope era de 28.536 millones y los gastos reportados fueron de 28.517 millones. Esto significa que la campaña de primera vuelta, en los libros, estuvo apenas a 19 millones de pesos de sobrepasar ese límite y gastó el 99.3 por ciento de la suma permitida.

Hasta ahí todo en orden, pero la auditoría encontró que esos topes habrían sido violados si no fuera por la conveniente reversión de una factura de una empresa de vigilancia llamada Olimpo Seguridad.

Esa compañía tenía un contrato por 77 millones de pesos con la campaña para disponer de un grupo de escoltas entre el 2 y el 29 de mayo. Es decir, en los días previos a las elecciones de primera vuelta.

El 5 de mayo, pasaron una factura por la totalidad del contrato, pero 11 días después de la elección anularon la mitad del cobro, devolvieron 38 millones de pesos, lo cual le permitió a la campaña del presidente Petro mantenerse dentro de los topes.

Las observaciones de la auditoría dicen textualmente: “Con la factura No A587 de mayo 5 de 2022, se hizo el respectivo cobro por el valor pactado, no obstante, el 10 de junio de 2002 se recibe la nota crédito No. NCE-148 por $38.650.425, motivo ‘Devolución Parcial de la Factura A587′. Al respecto de la operación observamos lo siguiente: la nota crédito en mención fue recibida en fecha posterior al cierre de la campaña del 29 de mayo de 2022. La nota crédito no se encuentra registrada en el aplicativo de Cuentas Claras haciendo parte del comprobante de egreso No 194 con el cual se originó el asiento contable”.

El informe de los auditores señala que, en la práctica, los topes se violaron y que cuadraron caja gracias a la reversión de esa factura: “Evaluamos que, si no se hace este ajuste al contrato, la campaña presidencial sobrepasaba el tope de gastos permitido en Resolución 694 de 2022 del CNE (...) La dirección de la campaña no brinda las explicaciones, sustentadas y motivadas de la reversión de dicha factura”.

La empresa que hizo la providencial rebaja se llama, como les contamos, Olimpo Seguridad y se fusionó con una empresa del prófugo zar de la seguridad Jorge Moreno Ojeda, quien está huido de la justicia por una operación de cartelización, en donde manipulaba a través de varias empresas suyas las licitaciones estatales para quedarse con contratos que sumaban más de 60.000 millones de pesos.

En la operación de fusión de Olimpo Seguridad aparecen como accionistas varios familiares de Moreno Ojeda y la señora María Mercedes Navarrete de Ávila.

Doña María Mercedes Navarrete de Ávila fue una distinguida dama boyacense que sigue figurando como accionista de una empresa de seguridad en el año 2022 pese a que murió en 1993.

Ah, también es la madre de dos amigos del presidente Gustavo Petro: El señor Polo Ávila Navarrete, recién nombrado como representante del presidente en la apetecida junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y su hermano, Eduardo Ávila Navarrete, quien presentó hace unos días ante el rey Felipe VI sus credenciales como embajador ante España, nombrado por el presidente Petro.

Polo Ávila –quien dicho sea de paso también fue multado dentro de las investigaciones del cartel de la seguridad– dice que ni él, ni su hermano el embajador en España, tienen que ver con la empresa Olimpo Seguridad y que su mamá sigue apareciendo como accionista de la empresa que la absorbió, 19 años después de su fallecimiento, simplemente porque no han podido terminar la sucesión.

Ricardo Roa, fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro y su nombre suena con insistencia para convertirse en el próximo presidente de Ecopetrol. El doctor Roa aseguró que el contrato se modificó mediante otrosí el 11 de mayo de 2022 porque súbitamente descubrieron que necesitaban menos escoltas. Los bajaron de 10 a 5.

La auditoría, sin embargo señala, que las modificaciones contables aparecen hechas después de la elección y que la nota crédito con la que se corrigió la diferencia no fue oportunamente registrada en el aplicativo Cuentas Claras que era obligatorio para las campañas. Roa le dijo a Cambio que tiene todos los documentos que apoyan su versión y que los remitió al CNE, pero no le entregó copia de esos papeles a los periodistas.

Otra irregularidad tiene que ver con las sedes de la campaña de Gustavo Petro en Cali y en Montería. En los libros de cuentas no aparece ni pago de arriendos, ni registros de donación en especie.

El exgerente de campaña Ricardo Roa le aseguró a Cambio que esas sedes “pertenecieron a aspirantes a la Cámara por diferentes partidos (...) por lo cual, en ningún momento fueron ni arrendadas, ni contratadas por la Gerencia Nacional de la campaña, como tampoco recepcionadas a modo de donación en especie”.

Eso no subsana nada. No existe la figura “préstamo gratuito de sede”, las donaciones en especie tienen que aparecer registradas en los ingresos de campaña. Las elecciones de Congreso fueron en marzo y las presidenciales terminaron en junio ¿Quién pagó o donó esas sedes durante los meses de abril, mayo y junio? Pregunta sin respuesta.

Otro hallazgo de la auditoría señala que efectuaron pagos a dos empresas que no estaban constituidas para el momento del desembolso. Las empresas que empezaron a cobrar antes de existir resultaron de propiedad de los esposos Mónica Slendy Velásquez y Diego Fernando Londoño Rueda, residentes en Bucaramanga.

Al respecto la auditoría dice: “Se encontró que la matrícula mercantil presenta fecha abril 20 y la factura es del 18 de abril 2022, es decir, la factura se expidió con anterioridad al registro de la empresa ante Cámara de Comercio de Piedecuesta. Adicionalmente, la factura no es electrónica”.

Ricardo Roa, gerente de campaña, le dijo a Cambio que no se explica eso pero que esas dos personas actuaron como proveedores dentro de un contrato que la campaña tuvo con el periódico Vanguardia de Bucaramanga.

En contraste, uno de los beneficiarios de los pagos, el señor Diego Fernando Londoño, le dijo a los periodistas de Cambio que él se había entendido directamente con el equipo de gerencia de la campaña, incluyendo al señor Ricardo Roa.

El Tiempo revela otra anotación de la auditoría. La campaña compró tiquetes a la empresa Rumbos Ltda para viajes que se efectuaron antes de que Gustavo Petro se hubiera inscrito como candidato. Es decir, antes de la existencia legal de la campaña.

Al respecto la Unidad Investigativa registra la mágica explicación del proveedor: “En cuanto a los tiquetes, el representante legal de la firma certificó que, a pesar de que aparecen para trayectos en marzo, eran para la primera vuelta electoral”.

¿Qué va a pasar con esto en el Consejo Nacional Electoral? Probablemente nada.

Ese tribunal es un tigre de papel, en donde hay dos magistrados del Pacto Histórico y donde la coalición de Gobierno cuenta con mayorías. Pero además, tradicionalmente, les va mejor a los magistrados que absuelven que a los que investigan.

Para citarles un ejemplo ilustrativo, está llena de pruebas la investigación sobre la financiación de Odebrecht a las campañas políticas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014.

El magistrado del CNE que absolvió a la campaña de Juan Manuel Santos se convirtió en el registrador nacional del Estado Civil, su nombre es Alexander Vega.

Por su parte, el magistrado que absolvió a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, a quien Odebrecht le pagó parte de la asesoría del publicista Duda Mendonça, también le ha ido de maravilla. Es el actual defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Bonus track

A esta hora empieza una reunión urgente en el Ministerio de Salud. Según fuentes consultadas por El Reporte Coronell, ellos esperan que el Ministerio de Hacienda produzca un documento avalando las nuevas cifras de la reforma a la salud.

Los especialistas de Hacienda aceptaron cambiar los números después de una conversación con el prestigioso economista Luis Jorge Garay quien asesoró el análisis financiero del Ministerio de Salud. Hay acuerdo sobre el plan decenal de atención primaria pero Hacienda no lo ha hecho público. Esa demora se podría volver motivo de crisis en las próximas horas.

Por cierto, es previsible que la ponencia corrija algunos de los planteamientos generales del proyecto para atenuar lo que se ha llamado “el monopolio estatal de la salud”. Es decir, el Gobierno estaría dispuesto a revisar el futuro de las EPS.

Esto quiere decir que los ministros discrepantes de Hacienda, Educación, Agricultura y el director de Planeación habrían ganado en parte y también la ministra de Salud se habría llevado un punto con las cifras.