El departamento de Córdoba es reconocido como víctima por el Cartel de las Terapias

Entre los delitos por los que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusa a los exgobernadores de Córdoba, Alejandro Lyons y Edwin Besaile, se encuentra peculado por apropiación. Esto, dentro de la investigación que se sigue por el denominado 'Cartel de las Terapias'.

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, este escándalo de corrupción habría representado el desvío de más de 10.000 millones de pesos. Estos recursos se destinaron para el pago de terapias de neurodesarrollo que no se habrían realizado y, en algunos casos, se hicieron incompletas.

En el caso del exgobernador Lyons, la Fiscalía sostuvo que “en lo que tiene que ver con el delito de peculado por apropiación para el señor Lyons Muskus, la Fiscalía señaló como hechos jurídicamente relevantes los siguientes: su condición de servidor público como gobernador del departamento de Córdoba para el periodo 2012 – 2015. En ejercicio de ese cargo, delegó al secretario de Salud la ordenación del gasto; a pesar de esa delegación, el exgobernador es garante de la correcta aplicación de los recursos públicos, función que es indelegable”.

“Sobre la apropiación encontramos lo siguiente: del folio 18 al 20 del escrito de acusación, la Fiscalía indicó la forma como considera ocurrió la apropiación de los recursos y esto fue a través de cuatro IPS. Una es la IPS Funtierra Rehabilitación, 2) IPS Crecer y Sonreír, 3) Unidad Integral de Terapias de la Costa y 4) IPS Girasoles Centro Integral de Terapias y Servicios de Salud. Para cada IPS, la Fiscalía elaboró un cuadro en el que aparece la fecha de la resolución de pago”, anotó el ente investigador en medio de la diligencia, en la que se reconoció como víctima al departamento de Córdoba.

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Según las investigaciones, ambos exmandatarios no habrían ejercido su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus entonces secretarios de Salud, Edwin Preciado Lorduy y José Jaime Pareja, lo cual habría permitido que se ordenaran los pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores en condición de discapacidad, “sin que mediara relación contractual entre el ente territorial y Funtierra Rehabilitación IPS”.

Esta audiencia se habría llevado a cabo el pasado 22 de febrero. Sin embargo, se suspendió luego de que la defensa del exgobernador Lyons solicitara la nulidad de la misma, por falta de claridad en los hechos jurídicamente relevantes señalados por la Fiscalía.

La Fiscalía, Procuraduría y Contraloría abrieron investigaciones en su momento por estos hechos, pero el ente de control fiscal archivó el proceso en junio de 2020.