Odebrecht: Fiscalía imputará a 16 exfuncionarios de la ANI y a su expresidente
Los exfuncionarios de la ANI participaron en la proyección y trámite del contrato. Además, avalaron y suscribieron cuatro otrosíes al contrato de concesión Ruta del Sol II Bogotá.
Francisco Barbosa, fiscal general. Foto: Jenny Angarita
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció la imputación de cargos contra 16 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que habrían tenido directa relación con los hechos de corrupción que se presentaron con el escándalo de corrupción trasnacional de Odebrecht, específicamente en la Ruta del Sol II.
A los exfuncionarios se les imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros.
Barbosa anunció en la mañana de este viernes 24 de febrero que al expresidente de la entidad, Luis Fernando Andrade Moreno, se le imputará el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros.
En medio de la gigantesca investigación de la Fiscalía General de la Nación, se logró establecer que, a través de cuatro otrosíes, se contrataron diseños y obras, y se modificó la forma de pago del tramo Ocaña – Gamarra, en presunto desconocimiento de las normas y criterios de contratación.
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La investigación se adelantó por medio del Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht, el cual detectó que los exfuncionarios habrían tenido responsabilidad en varias de las presuntas irregularidades que se hallaron en las adiciones otorgadas al proyecto Ruta del Sol II, en posible beneficio de la concesionaria Ruta del Sol S.A.S.
El fiscal general también anunció que se radicarán las solicitudes de audiencias de imputación de cargos contra quienes participaron en el Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entre 2012 y 2015, que en total son 17 incluyendo al expresidente, Luis Fernando Andrade.
“Estas personas participaron en la proyección, trámite, revisión, aprobación y celebración de cuatro otrosíes que se le hicieron al contrato N°001 del 14 de enero de 2010, mediante los cuales le permitieron al contratista Ruta del Sol asumir los diseños y obras de un nuevo tramo vial entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar); y fueron modificadas las formas de pago”, explicó el fiscal delegado Gabriel Jaimes.
De acuerdo con su explicación los exfuncionarios de la ANI al parecer vulnerado las normas y principios de contratación, y desconocido los requisitos definidos en la licitación pública y lo indicado por el estructurador del proyecto, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.
Del mismo modo, se evidenció que le fueron reconocidos a la concesionaria más de 7.804 millones de pesos, que se sumaron al valor del contrato principal.
“El Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht estableció que el 13 de julio de 2013, la ANI de manera unilateral, careciendo de estudios previos de conveniencia y oportunidad, y sin una nueva autorización del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS de vigencias futuras que ampare las modificaciones contractuales, le ofreció a la concesionaria Ruta del Sol ampliar el objeto del contrato inicial mediante el Otrosí N°3 para que realizara los diseños del tramo Agua Clara – Ocaña – Sardinata – Cúcuta”, aseguró Jaimes.
Otro de los aspectos que informó la Fiscalía es que entre las fallas, la ANI tampoco tuvo en cuenta para este ofrecimiento que ese trayecto era administrado por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), y que esta entidad había contratado los mencionados diseños con otro consorcio. De esta manera, la concesionaria tuvo que ajustar su propuesta, pero se apalancó en el trabajo hecho por la otra empresa contratada con anterioridad.
“El Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la ANI autorizó en el otrosí N°6 el tramo vial de Ocaña – Gamarra, sin contar con la aprobación de los diseños y estudios de conveniencia del interventor ni la adición de recursos que garantizaran su financiación. Tampoco consideró que se trataba de una obra diferente al objeto inicial del contrato de concesión, con población objeto y necesidades a suplir diversas, lo que implicaba que correspondía a otro proyecto que debió tramitarse de manera autónoma con el lleno de los requisitos legales, incluyendo una nueva licitación y no como una simple adición”, señaló.
