JEP: Piden citar a general del Ejército por la masacre paramilitar de Pueblo Bello
Al ser consultado por W Radio, el alto oficial señaló que tal episodio fue aclarado hace varios años, indicando que cuando ocurrió la matanza perpetrada por “Los Tangueros” en 1990, se encontraba fuera de la zona.
Foto: Ejército Nacional.
La W conoció el documento de observaciones de la Procuraduría frente a la masacre de Pueblo Bello (1990) perpetrada por grupos paramilitares en el corregimiento de Pueblo Bello en el municipio de Turbo (Antioquia). Allí, el ministerio público solicitó que sea llamado a declarar (en calidad de subteniente) el general (r) Edgar Rodríguez Sánchez, excomandante del Comando Conjunto Sur del Ejército y de distintas unidades militares en los últimos 30 años.
Lo anterior, debido a que según el informe del ministerio público y las versiones de varios de los soldados citados a declarar por la jurisdicción, el hoy general Rodríguez Sánchez comandaba el cuarto pelotón de una de las agrupaciones del Batallón Vélez en la zona donde los paramilitares cometieron la masacre y luego se fueron sin que nadie los detuviera.
“Considera esta delegada que se debe insistir en el llamamiento a rendir versión voluntaria a los militares de alto rango que aún no han sido vinculados mediante esta diligencia, como son: Teniente Edgar Rodríguez Sánchez – Comandante de Pelotón en el puesto de control de El Cerro” señala el escrito conocido por W Radio.
La W contactó al general Rodríguez para conocer su posición frente a esa solicitud del ministerio público, a la que respondió que tal episodio, según su versión, fue aclarado hace varios años, y que aunque era el comandante del cuarto pelotón al que hacen referencia los comparecientes, para el momento de la masacre no se encontraba al comando del pelotón sino fuera del lugar en una base militar.
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Además de pedir el llamado del general Rodríguez Sánchez, el procurador Alonso Pío Fernández solicitó que el despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez llame al coronel (r) Pedro Honorato Botía a rendir declaración, en su condición de excomandante del Batallón Vélez en 1990 para que explique las circunstancias que rodearon la masacre.
De hecho, deberá responder a las declaraciones del mayor Néstor Enrique Barrera Vega, subteniente para 1990 y excomandante del tercer pelotón, quien lo responsabilizó así como al teniente Rincón Pulido (segundo comandante de la compañía Escorpión y actualmente mayor en retiro), por la ocurrencia de la masacre que dejó un saldo de 43 personas muertas.
“Cuando el Despacho le preguntó quién consideraba responsable de haber permitido la masacre, respondió que el Coronel Botía Tarazona y el Teniente Rincón Pulido, por la orden de levantar el puesto de control, pero luego de haber sido informado sobre las investigaciones y las exposiciones de los paramilitares en ellas, manifestó que el Teniente Rincón Pulido sí sabía lo que iba a ocurrir, porque la descripción física del oficial que estuvo con los paramilitares coincide con la del segundo comandante de la compañía y por el hecho de haberle dado la orden de levantar el puesto de control la noche del domingo 14 de enero de 1990″ señaló Barrera Vega.
Es más, el mayor (r) Barrera Vega, según lo expuesto por la Procuraduría, expresó que a la zona arribó el coronel (r) Botía Tarazona y les dijo que ante cualquier autoridad judicial o administrativa debían decir que no habían visto nada: “que por delante de los puestos de control de San Pedro de Urabá no pasaron camiones” fueron las palabras del coronel según Barrera.
“...en versión voluntaria del 20 de mayo de 2022 dijo que el teniente Rincón había subido la noche de los hechos y pidió que levantaran el retén sin dar ninguna explicación” añadió el mayor Barrera Vega citado por la Procuraduría.
En conclusión, para el delegado del ministerio público es claro que los militares trataron de “ocultar su participación” en los hechos de la masacre “evidenciada” por las actitudes del comandante del Batallón, coronel Botía Tarazona y el general Adolfo Clavijo Ardila (comandante de la Brigada 11 del Ejército en 1990).
Según la Procuraduría, es grave que el coronel Botía haya sido acusado por el mayor Barrera Vega de pedir a sus subalternos que en caso de ser interrogados, dijeran que no “habían visto nada” en clara referencia a la masacre. Asimismo, mencionaron los señalamientos contra el general Ardila de supuestamente entregar dinero a las víctimas ocho días después de la matanza.
Así las cosas, frente a otros llamados a rendir declaración, además del coronel Botía, la Procuraduría solicitó que sea citado a versión voluntaria el capitán (r) Álvaro Gómez Luque, comandante de la compañía escorpión para la época de la masacre. También, que sean interrogados otros soldados presentes en la zona para la fecha de la matanza, así como citar en calidad de testigos a varios exparamilitares que han declarado en otras jurisdicciones y ayudado incluso a recuperar cuerpos de desaparecidos.
Finalmente, el ministerio público pidió al despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez que declare como máximo responsable por la masacre al mayor (r) Fabio Enrique Rincón Pulido debido a las abundantes pruebas que lo vincularían como el supuesto enlace con los paramilitares, y al ser quien ordenó levantar el retén por donde horas más tarde pasaron los asesinos.
De hecho, el delegado Alonso Pío Fernández pidió que el despacho de la magistrada Henríquez conceptúe ante la sala que define si el mayor Rincón Pulido sería aceptado o no dentro de la JEP, para que se evalúe si merece o no continuar con beneficios como la libertad condicional que tiene desde 2018.
