JEP ordena inspeccionar archivos de inteligencia de la Brigada 20 del Ejército
En 1998 tal unidad de la institución castrense fue desmantelada en medio de denuncias de violaciones a los derechos humanos y fuertes críticas desde los Estados Unidos.
Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó una inspección judicial a los archivos de inteligencia de la Brigada 20 del Ejército entre 1985 y 1998 (año de su cierre ante denuncias de uso indebido de información y violaciones a los derechos humanos).
En la determinación sobre los documentos que reposan en el archivo general del Ministerio de Defensa, se indicó que dicha medida (que se deberá adelantar en los próximos 10 días) responde a una solicitud de medidas cautelares por parte del Colectivo José Alvear Restrepo y se enmarca en la investigación sobre victimizaciones a la Unión Patriótica.
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“...deviene de suma importancia para el eventual establecimiento de la verdad de lo sucedido en desarrollo del conflicto armado, respecto de múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de diversas personas afines a ideologías y partidos de izquierda en nuestro país, entre ellos, la Unión Patriótica, tal y como lo advierten las peticionantes” indica la determinación, conocida por La W.
Además de dicha inspección a los archivos de inteligencia de la extinta Brigada 20, los magistrados (en cabeza del juez Raúl Sánchez) ordenaron al viceministerio para las políticas y asuntos internacionales del Ministerio de Defensa (que preside la protección de tal información) que remita un informe en máximo 10 días sobre el estado de conservación de tales documentos y el volumen de los mismos.
“Procedimientos de cadena de custodia que han sido aplicados sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados de la extinta Brigada XX del Ejército Nacional, desde el inicio de supresión de esa entidad” explicó el documento.
Finalmente los magistrados negaron declarar por el momento dichos archivos de inteligencia como “archivos de derechos humanos” señalando que aún no cuentan con las pruebas para tomar tal determinación “de fondo”.