Nuevo enfrentamiento entre ministros por reforma a la salud

Siguen las diferencias entre ministros creadas por el proyecto de reforma a la salud. La Revista Cambio registra en esta edición un agrio incidente entre miembros del gabinete que se desarrolló en dos escenarios: La oficina de la jefa de gabinete Laura Sarabia y el despacho del presidente Gustavo Petro, quien hace unos minutos puso un trino negando el enfrentamiento.

Les voy a contar el episodio tal como me lo contó una persona presente en la reunión.

El presidente Petro les pidió a los ministros de Educación Alejandro Gaviria, Hacienda José Antonio Ocampo, Agricultura Cecilia López y al director nacional de Planeación Jorge Iván González que elaboraran un documento agrupando las observaciones que tenían sobre el articulado de la reforma.

Ellos lo entregaron y se sorprendieron de que, a su juicio, ninguna de las observaciones fue incluida. Una fuente cercana a la ministra de Salud, Carolina Corcho, tiene otra versión: Las observaciones del grupo de ministros si fue considerada e integrada al régimen de transición del sistema de salud.

Como sea, los ministros sintieron que los habían puesto a trabajar en vano, a “botar corriente”, y que el proyecto de reforma sigue tal cual.

Esa circunstancia habría dado origen a la discusión en la oficina de Laura Sarabia en la que, según uno de los asistentes, el tono fue ríspido y el ambiente tenso.

La fuente del Reporte asegura que los puntos de choque son dos:

• La naturaleza del sistema de aseguramiento en salud
• Los costos de la reforma

El documento de los ministros discrepantes y del director nacional de Planeación ­– documento que a esta hora sigue sin conocerse – sugiere que se cree un sistema mixto de aseguramiento entre el Estado y las actuales Empresas Promotoras de Salud, EPS.

A juicio de la ministra de Salud y del propio presidente, ese modelo sería más regresivo que el actual y terminaría ocasionando una afectación al derecho fundamental de la salud de los ciudadanos.

De acuerdo con la visión del Ministerio de Salud, respaldada por el presidente Petro, de aplicarse ese esquema las EPS terminarían quedándose con los mejores mercados y el Estado con los más difíciles.

Dicho en palabras sencillas, según la interpretación del presidente Petro y la ministra Carolina Corcho, eso equivaldría a darles la carne a los privados y reservar el hueso para las entidades públicas.

Con lo cual, terminaría la mayor parte de los recursos del sistema en manos de las EPS, dirigiéndose a unos ciudadanos, mientras que los otros tendrían acceso a un sistema de salud de menor calidad.

Tanto el presidente, como la ministra, sostienen que la regulación de la salud no se le puede dejar a las reglas del mercado porque el mercado no tiene como meta la equidad sino la rentabilidad de los intermediarios.

Esta diferencia causó un aumento de tono en la discusión. En un momento la ministra de Salud Carolina Corcho les dijo a sus colegas de gabinete que ella no iba a presentar una reforma de esa naturaleza porque no cree en ella, la considera regresiva y neoliberal. No encuentra lógico, ni justo, un sistema de aseguramiento mixto y no cree que el Estado pueda delegar en particulares el cumplimiento de un deber constitucional. Que ese no sería un cambio, o si lo sería pero para peor.

Esas fueron algunas de las últimas frases que se oyeron en la oficina de la jefe de gabinete Laura Sarabia antes de que los hicieran pasar al despacho presidencial que queda exactamente al lado.

La conversación continuó frente al presidente Gustavo Petro en un tono mucho más sereno. Esta vez la discusión se centró en el costo de la reforma.

La discusión tiene un preámbulo. Un poco antes, el ministro de Hacienda había publicado un trino con un extenso comunicado en el que decía que las reformas agraria, de salud, laboral y pensional, debían respetar estrictamente la regla fiscal.

Muchos lo entendieron como una alusión directa a los costos de la iniciativa de la ministra de Salud, más que a las otras reformas.

Y es que en ese tema del costo fiscal aún no se llega a un consenso pacífico entre los miembros del gabinete. El ministerio de Hacienda calcula el costo en 60 billones de pesos. Es decir casi en 3 reformas tributarias como la recién aprobada.

La enorme cifra está dada porque le están cargando a la reforma a la salud, algunos costos que no deberían atribuirse a ella sino al funcionamiento normal del sistema. En otras palabras, son costos que con reforma o sin reforma el Estado tendría que atender aunque, quizás, en dimensiones distintas a las planteadas por los ministros discrepantes.

Entre esos costos están:

• Todas las deudas pendientes de las EPS. La ministra de salud señala que considerar que el 100 por ciento es irrecuperable no es realista y que muchas de esas deudas se están pagando dentro de plazos razonables.
• Un segundo aspecto tiene que ver con la regularización laboral de los trabajadores de la salud
• Y el tercero con la actualización y el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria que es una responsabilidad que la Nación, comparte con privados, departamentos y municipios.

El presidente Petro oyó a los ministros de Educación, Agricultura y Hacienda. Luego escuchó a la ministra de Salud. Y dirimió la controversia a favor de ella.

Les pidió que se recalcularán los costos de la reforma para hacerla viable porque el enfoque de los discrepantes mataría la iniciativa.

Dentro de los anexos a la reforma a la salud hay un documento de trabajo de 103 páginas, fechado este mes de febrero, es decir es muy reciente. Ese papel establece planes decenales para la transición. Es decir un esquema de largo plazo y expone una forma de funcionamiento que considera viable en lo financiero.

El hombre detrás del análisis financiero de la reforma es el reconocido economista Luis Jorge Garay, doctorado en MIT e investigador de las universidades de Oxford y Cambridge.

Como sea el camino de la reforma en el Congreso no se ve despejado. Ante las posiciones públicas de discrepancia del presidente del Senado, Roy Barreras, la ministra de salud decidió presentar el proyecto inicialmente por la Cámara de Representantes, presidida por David Racero.

El trámite de aprobación, que desde ya se vislumbra difícil, empezará mañana martes 21 de febrero de 2023.

Tendrá un papel destacado en ese trámite la Comisión Séptima de la Cámara que se ocupa de asuntos de salud, seguridad social y familia. El presidente de esa célula legislativa es Agmeth Escaf.

Escuche el reporte completo a continuación: