Listo proyecto de ley de sometimiento del Clan del Golfo y bandas criminales

Sobre el escritorio del presidente Gustavo Petro está el proyecto de ley de sometimiento de grupos criminales de alto impacto. Se trata del marco normativo para el desmantelamiento de organizaciones como El Clan del Golfo (que se hace llamar Autdefensas Gaitanistas de Colombia, AGC) y otras bandas criminales como La Oficina de Envigado, Los Pachenca, o Los Shottas y Los Espartanos que se disputan el control de Buenaventura. Todo dentro del plan de Paz Total.El proyecto propone una reforma al capítulo de sometimiento a la justicia establecido en el Código de Procedimiento para facilitar la desmovilización de estas bandas.También consagra la entrega de bienes producto de la actividad criminal con un estímulo , los delincuentes que se sometan y desmovilicen sus estructuras podrán conservar un porcentaje de sus bienes. La discusión ha sido intensa porque la propuesta inicial era que se quedaran con el 10 por ciento y ahora tiende más a ser al 6 por ciento.También establece penas privativas de la libertad de ocho años. La discusión jurídica dirigida por el ministro de Justicia, Néstor Osuna , ha sido muy activa. En esa discusión han participado el penalista Mauricio Pava, el exfiscal Jorge Perdomo, el exministro de Justicia Yesid Reyes, el abogado español Enrique Santiago, que asesoró a las FARC en las negociaciones de La Habana; los congresistas Roy Barreras, Iván Cepeda, Alirio Uribe y Ariel Ávila; así como el alto comisionado para la paz Danilo Rueda, quien aplazó su viaje a México para integrarse a la ronda de negociaciones con el ELN.Otras personas claves en el debate jurídico han sido el viceministro de Política Criminal y Justicia restaurativa Carlos Eduardo Umaña . El viceministro Umaña es hijo del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza asesinado en su oficina de Bogotá por sicarios de la banda La Terraza al servicio de los paramilitares.También plantea que los sometidos deben garantizar que no reincidirán directamente, ni por interpuesta persona . Así mismo, que debe existir un tiempo límite para acogerse al sometimiento para evitar que las bandas conviertan la política en una especie de burladero para seguir delinquiendo pero mantener abierta la posibilidad de recibir beneficios en cualquier momento.Este proyecto de ley va a ser objeto de enorme controversia.La verdad es que no es la primera vez que el Estado colombiano negocia con narcotraficantes en políticas de sometimiento en donde no queda muy claro quién se somete a quién.Sucedió durante el gobierno del presidente César Gaviria buscando la entrega de Pablo Escobar , los hermanos Ochoa Vásquez y otros integrantes del sanguinario Cartel de Medellín. Los decretos de sometimiento a la justicia fueron modificados basados en razones que llevaban y traían abogados de los narcos y políticos antioqueños, algunos de los cuales llegaron muy lejos. Pablo Escobar sólo se entregó al día siguiente de que la Asamblea Nacional Constituyente prohibiera la extradición de nacionales.Después, el gobierno de Álvaro Uribe negoció con narcos en Ralito. Algunos de ellos, solo a manera de ejemplo : Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, jefe de la oficina de Envigado y amo de la banda La Terraza; Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, quien compró franquicia para ser considerado paramilitar y Juan Carlos Sierra, alias el tuso, quien siempre fue considerado como un narco puro colado en esa negociación.Bueno, volvamos al presente. El ministro de Justicia Néstor Osuna, le entregó el borrador del proyecto de ley al presidente Gustavo Petro ayer 14 de febrero , antes del discurso del balcón. Estaba anunciado que ese proyecto sería presentado hoy 15 de febrero al Congreso pero hasta ahora el presidente no le ha hechos sus observaciones, ni le ha dado la luz verde.Mientras tanto una persona que era considerada clave para el desmantelamiento de la Oficina de Envigado, renunció a su papel como representante autorizado del gobierno.Se trata del abogado Alex Alberto Morales, fundador del movimiento social Sinergia. En su carta de renuncia, el abogado Morales dice que el Alto Comisionado Danilo Rueda no ha atendido derechos de petición, ni reuniones con ellos y que en esas condiciones es imposible continuar.Por amenazas de muerte a uno de los abogados, representante de víctimas, se suspenderán las audiencias en el caso del expresidente Álvaro Uribe imputado por soborno de testigos y fraude procesal. En las últimas horas el abogado Miguel Ángel del Río, representante de Deyanira Gómez, médica y exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, denunció que había recibido graves amenazas contra él y contra su familia. Las amenazas arrancaron hace dos semanas pero en la tarde de ayer fueron más específicas e incluyeron a miembros del núcleo familiar del jurista. A través de una llamada telefónica le dijeron que no querían verlo en pantalla esta semana, en clara alusión a las audiencias del expresidente que se adelantan justo esta semana. Del Río deberá empezar hoy miércoles 15 de febrero su intervención, pero anoche le pidió a la juez 41 penal del circuito, la doctora Laura Barrera Coronado, que preside las audiencias; que aplace su participación para el próximo lunes porque saldrá del país.Así es que desde el exterior, en un lugar no determinado, hará su exposición el próximo lunes.La de Miguel Ángel del Río es una de las presentaciones más esperadas porque se espera que hablé de las grabaciones de Monsalve en la cárcel Picota con dos relojes espía que dejaron al descubierto, las presiones que recibió para cambiar su testimonio y así favorecer al expresidente. Escuche el reporte completo a continuación: