Corte ordena investigar cobro para asignación de celdas en La Picota
Frente a las denuncias de tratos crueles e inhumanos, se otorgó 15 días al INPEC y a la Dirección de La Picota para que modifiquen el protocolo de seguridad para los procedimientos de inspecciones.
Carcel La Picota(Colprensa)
La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la dirección de la cárcel La Picota que adelanten investigaciones sobre el presunto cobro para la asignación de celdas.
Esta instrucción se produjo después de que el alto tribunal resolviera una tutela de 36 privados de la libertad en la que se alega hacinamiento, problemas de salubridad, escasa alimentación, problemas de acceso a agua potable, dificultades para el acceso a servicios de salud y malos tratos en las requisas, entre otros.
Lo último sobre la cárcel La Picota de Bogotá:
La decisión fue tomada con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, en cumplimiento del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por esta misma Corte, en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 y su extensión a los Centros de Detención Transitoria declarado en la Sentencia SU-122 de 2022.
En el tema de hacinamiento y salubridad, la Corte también pidió adoptar un plan para mejorar la higiene del penal y controlar la presencia de roedores e insectos:
“La principal afectación a las cantidades de las porciones de alimentos recibidas por las PPL se materializa en la problemática generada desde el momento que estas son liberadas por este operador en el servicio de alimentos hasta el punto de distribución o entrega final a los internos, pues es en este lapso donde las raciones están expuestas a saqueos por parte de terceros ajenos al servicio y en donde brilla por su ausencia la seguridad brindada por la guardia del establecimiento”.
Frente a las denuncias de tratos crueles e inhumanos, se otorgó 15 días al Inpec y a la dirección de La Picota para que modifiquen el protocolo de seguridad para los procedimientos de inspecciones. Además, se advirtió que las requisas intrusivas se encuentran constitucionalmente prohibidas.
En cuanto a los obstáculos en el trámite de derechos de petición, se ordenó al Inpec y al centro de reclusión que capaciten a la guardia y a las PPL (Personas Privadas de la Libertad) sobre los procedimientos para radicar peticiones.
Los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo salvaron parcialmente su voto.
