Robo del Magdalena: Fiscalía imputará cargos contra gobernador Carlos Caicedo
Carlos Caicedo deberá responder por presuntas irregularidades en la contratación que habrían representado 75.000 millones de pesos.
Gobernador Carlos Caicedo. Foto: Cortesía Alcaldía de Magdalena
La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra el gobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, por presuntas irregularidades en cinco contratos que habrían representado un presunto detrimento patrimonial de 75.000 millones de pesos; por estos hechos serán vinculados otros dos exgobernadores, en el caso que el ente investigador ha calificado como ‘El Robo de Magdalena’.
En ese mismo sentido, la Fiscalía pedirá que se imponga una medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Caicedo.
También se conoció que la Fiscalía investiga a los exgobernadores Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zuñiga, quienes al parecer estarían relacionados con los polémicos contratos que serían más de 457.000 millones de pesos.
Sin embargo, los recursos que aparentemente se perdieron fueron alrededor de los 75.000 millones de pesos.
La investigación de la Fiscalía advierte que el actual gobernador de Magdalena, supuestamente hizo parte de la red de corrupción en tres momentos y que por ello, al parecer se perdieron 1.680 millones de pesos.
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Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General de la Nación dispuso de un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de un grupo especializado de policía judicial, que se encargaron de verificar posibles actos de corrupción en distintos contratos realizados en Magdalena, entre 2013 y 2019.
Debido a esto, solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá que se adelanten las audiencias de imputación de cargos contra Caicedo y los otros, por los delitos contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.
Sobre la exgobernadora Rosa María Cotes de Rosa María Cotes de Zúñiga, se investiga porque supuestamente tramitó y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos.
Entre las pruebas se encuentra que la contratación se hizo de manera directa sin tener en cuenta lo que dice la ley sobre los concursos de méritos.
“También se constató que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una consultoría.
La exmandataria será imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, señaló la Fiscalía.
