Hablan el suspendido presidente de la SAE y el viceprocurador que lo suspendió

La empresa de servicios públicos de Barranquilla se llama Triple A porque maneja el acueducto, el alcantarillado y el aseo. Es una máquina de hacer plata. Ha llegado a producir 95.000 millones de pesos de utilidades al año y la mayor parte de sus acciones, el 82 por ciento, está en administración de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que maneja bienes incautados.

Esas acciones fueron embargadas por la SAE porque en 2018 la Fiscalía General de la Nación inició un proceso de extinción de dominio, ya que encontró claros indicios de corrupción en el manejo de la Triple A que compromete a la empresa española INASSA, antigua titular de esas acciones.

En noviembre de 2021, la SAE, a través de Andrés Ávila –quien era presidente de esa entidad en el gobierno de Iván Duque–, decidió que esas acciones iban a ser vendidas a Barranquilla.

Bueno, más exactamente a una sociedad que maneja el alumbrado público de Barranquilla y que se llama K-Yena. En esa sociedad, el municipio tiene mayoría, pero también tienen socios privados. Ahí estaban los Daes, que dicen que hace seis meses le cedieron gratuitamente su participación a la ciudad y está el “zar” de las basuras, el polémico empresario William Vélez quien controla un porcentaje cercano al 35 por ciento.

El valor de la venta de las acciones en poder de la SAE fue estimado en 565.000 millones de pesos.

Y miren aquí una curiosidad: cuando el gobierno anterior se acababa, el 3 de agosto de 2022, cuatro días antes de la finalización de la presidencia de Iván Duque, la saliente administración de la SAE citó a una asamblea extraordinaria para dejarle una junta directiva montada al nuevo gobierno.

El primer renglón fue Jorge Gómez Mejía, vicepresidente de la organización de William Vélez. Como suplente del hombre de Vélez fue elegida doña María Paula Correa Fernández, no sé si la recuerdan: ella era la poderosa jefe de gabinete del presidente Iván Duque.

En la junta también se autoreeligió el entonces presidente de la SAE, Andrés Ávila.

Pues bien, llegó el Gobierno de Gustavo Petro, llegó Daniel Rojas a la presidencia de la SAE y empezaron a revisar el multimillonario negocio.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia cuestionó las razones invocadas para que la SAE enajenara tempranamente las acciones de la Triple A.

Además, había dudas sobre la valoración de las acciones. Lo que, a juicio de Deloitte, costaba 565.000 millones de pesos para la Superintendencia de Servicios Públicos realmente debía valer más de tres veces esa cifra: 1.9 billones de pesos. Es decir, de acuerdo con este concepto, hay una enorme subvaloración y un posible detrimento patrimonial de más de un 1 billón 300.000 millones de pesos.

La SAE denunció la alarmante diferencia ante la Fiscalía y la Contraloría y citó una asamblea extraordinaria de la Triple A para elegir una nueva junta directiva que sacara a los funcionarios de Duque, especialmente al expresidente de la SAE Andrés Ávila que seguía sentado en la silla defendiendo la cuestionada operación.

Y aquí empezó a sonar curramba. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hombre muy de los Char, le pidió a la barranquillera Margarita Cabello Blanco, también muy de la casa, que interviniera para salvar el negocio de la ciudad (y de William Vélez).

Apenas dos semanas después, la procuradora general Margarita Cabello designó como agente especial al procurador Luis Ramiro Escandón.

El martes pasado, 7 de febrero, cuando estaba citada la asamblea extraordinaria de accionistas de la Triple A, el procurador Escandón asistió y pidió que fuera aplazada esa asamblea anotando que incumplir el contrato de venta podría activar una cláusula penal por el 10 por ciento de la transacción. Es decir, los contribuyentes podrían terminar pagando 59.000 millones de pesos.

Pese a la solicitud del delegado de la Procuradora, la asamblea continúo y se eligió nueva junta directiva sacando a los funcionarios de Duque y conservando un puesto para el alcalde de Barranquilla.

Eso fue el martes 7. Tres días después, el viernes 10, con una velocidad vertiginosa, el viceprocurador general de la Nación abrió investigación disciplinaria contra:

• El presidente de la SAE, Daniel Rojas
• El vicepresidente Jurídico, Sebastián Caballero
• El vicepresidente de Sociedades de la SAE, Jairo Bautista
• El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga

Adicionalmente, suspendió por tres meses al presidente de la SAE, Daniel Rojas.

Noten ustedes que tanto la SAE como la Procuraduría argumentan que están defendiendo los intereses públicos. La SAE para evitar un presunto detrimento de 1.3 billones de pesos y la Procuraduría otro de 59.000 millones.

Hoy hablaremos del tema con dos protagonistas: el suspendido presidente de la SAE, Daniel Rojas, y quien lo suspendió, el viceprocurador general Silvano Gómez Strauch.

Escúchelos en La W:

Ustedes han oído las dos versiones de la historia sobre esta suspensión relámpago del presidente de la SAE Daniel Rojas. Contrasta la veloz decisión de ahora con años de silencio de la Procuraduría frente a lo que ha sucedido en la Sociedad de Activos Especiales y en la institución que la antecedió: la Dirección Nacional de Estupefacientes.