OPA Nutresa: cinco funcionarios fueron citados por Fiscalía por corrupción judicial
La Fiscalía General de la Nación informó que citó a interrogatorio al juez quinto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, Rafael Antonio Mattos Rodelo, y a otros cuatro funcionarios de la Rama Judicial.
Fiscalía. Foto: Colprensa
En medio de la polémica que se generó por las presuntas que se presentaron en el reparto de las demandas que frenaron el proceso de Nutresa, la Fiscalía también llamó a rendir interrogatorio a Mateo Florez Echeverry y Daniela Diaz Muñoz; y Carlos Andrés Alvarez Zuluaga.
Desde noviembre de 2022 la Fiscalía General designó a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conformó un equipo integrado por dos fiscales, uno de ellos delegado ante el Tribunal de Distrito, así como un grupo interdisciplinario de servidores de policía judicial.
Del mismo modo se contará con expertos en informática forense, administradores de empresas, contadores y abogados, para avanzar en la investigación que surgió a raíz de la denuncia que interpuso el abogado Andrés Garzón Roa, quien evidenció las presuntas fallas judiciales.
De acuerdo con la denuncia, hubo irregularidades en el reparto y en la imposición de medidas cautelares en medio de las dos demandas que el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) S.A. y la Compañía de Cementos Argos S.A. interpusieron contra María Ximena Lombana Villalba, Ángela María Tafur Domínguez y Andrés Bernal Correa (integrantes de la junta directiva del Grupo Sura).
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Según se advierte, cada una de las demandas fue presentada el 16 de noviembre y el reparto las asignó a ambas en tiempo récord al juzgado quinto Civil del Circuito de Medellín, Antioquia.
Dichas demandas le correspondieron al juez Rafael Antonio Matos Rodelo, quien emitió el pasado 17 de noviembre en ambos casos autos en los que admitía las demandas, por fuera del horario que estableció desde hace años el Consejo Superior de la Judicatura.
Ese mismo día, se emitió un auto en el que se decretaron medidas cautelares con las que se ordenaba al representante legal del Grupo Sura abtenerse de aplicar las órdenes de la junta directiva de la misma (demandados).
Menciona el abogado Garzón Roa, que él mismo 17 de noviembre y sin que existiera una notificación oficial acerca de las órdenes del juez, el Grupo Sura, publicó las medidas cautelares en el Sistema de Información de la Superintendencia Financiera de Colombia, específicamente a las 9:51 minutos de la noche.
En el segundo proceso de la Compañía de Cementos Argos S.A. , se muestra que se interpuso la demanda el 16 de noviembre y así consta en un anexo de la denuncia, sin embargo en el sistema de la Rama Judicial aparece con horario y fecha del 17 de noviembre.
También fue fijado en estados, el auto en el que se admite la demanda el mismo día pero por fuera de la hora de atención de los juzgados.
El abogado Garzón Roa en la denuncia que formuló ante la Fiscalía logró demostrar que, el funcionamiento normal del juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín para admitir o rechazar una demanda, es de mínimo 48 horas.
Señala el jurista que es urgente que se determine si se incurrió en algún delito que lesione la administración pública o un atentado en contra de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos.
El abogado recordó lo que ocurrió con el escándalo de corrupción judicial denominado Hyundai en el que recientemente fue condenado el empresario Carlos Mattos.
“Señor fiscal, no es un secreto que en nuestro país, en el último tiempo se han presentado casos en los que el reparto de las actuaciones judiciales han sido amañadas parta que determinados asuntos sean de conocimiento de ciertos Despachos judiciales, prueba de ello es el reconocido caso Mattos”, apartes de la denuncia.
