Néstor H. Martínez: Álvaro Leyva buscó que Farc conservaran control de sus activos

A través de una carta el exfiscal Néstor Humberto Martínez señaló al canciller Álvaro Leyva de crear un plan para que las FARC se quedaran con el 70% de bienes en su poder.

En la carta enviada a Leyva, el exfiscal señala que: “según su cuenta de twitter, ese Ministerio ha decidido llevar al seno del Consejo de Seguridad lo que insidiosamente llama ‘entrampamiento’ a alias ‘Jesús Santrich’, por quien usted recientemente manifestó especial devoción y amistad. Ese foro ecuménico permitirá refrendar, estoy seguro, la legalidad de las actuaciones de la justicia colombiana y de la justicia americana en dicho caso, como ya ha ocurrido en dichas jurisdicciones”.

En la carta, el exfiscal señala que ya que Leyva va llevar ante la ONU el supuesto entrampamiento contra alias ‘Jesús Santrich’, él también quiere llevar una carpeta en la que se acredita que Leyva le propuso que la ahora exguerrilla conservara el control de la mayoría de sus millonarios recursos en medio del acuerdo de paz

“…le solicito llevar una carpeta que he preparado, en la cual se acredita que el actual canciller de Colombia, en el pasado ideó, promovió y patrocinó un esquema para que, de facto, las antiguas FARC conservaran el control de sus activos ilegales, en detrimento de los postulados del Acuerdo de Paz. Recordará que Usted me visitó en la mañana del 30 de septiembre del 2016 y me hizo entrega formal de una propuesta sobre la entrega de dicho patrimonio, que según su información ascendía a una suma multimillonaria en pesos y dólares de los Estados Unidos. Su afán, claro está, era el de producir un hecho mediático que favoreciera los resultados del plebiscito en curso y así responder a la denuncia pública que había formulado el suscrito, como fiscal General de la Nación, en la que anotaba que el acuerdo de paz nada disponía sobre la entrega de los bienes espurios de la guerrilla, que usted benévolamente calificaba como el portafolio de la economía de guerra”, señala el documento.

Segun Martínez la propuesta consistía en que dichos bienes pasaran a una sociedad fiduciaria del Estado para que los administrara y dispusiera de ellos, atendiendo las instrucciones de un Consejo Fiduciario, integrado “por cinco representantes, tres de la insurgencia y dos representantes del Estado colombiano”.

Dice la carta que el documento preveía que la presidencia del Consejo Fiduciario sería ejercida “por uno de los representantes de las FARC-EP”. Así, los desmovilizados se aseguraban el control y la disposición de sus bienes. De esta manera, los activos producto de actividades delictivas, muchas de ellas crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, entrarían al sector financiero colombiano, sin que sus titulares perdieran su efectivo dominio. “Su propuesta habría podido dar lugar al mayor lavado de activos en la historia de la humanidad, por lo cual la rechacé de plano, con el respaldo del gobierno”.

“Ahí no terminaba el disparate. En el proyecto que usted me entregó se establecía que solo el treinta por ciento de los recursos (30%) serían empleados en la reparación monetaria de las víctimas y expresamente se permitía que el resto se utilizara en  proyectos productivos que contribuyan al desarrollo integral de los desmovilizados de la guerrilla, al amparo de su teoría de que en el derecho de la guerra, los victimarios tienen derecho al beneficio de un porcentaje del patrimonio ilegal acumulado.

Por la dimensión de estas necedades, es posible pensar que no fueron de su autoría. No obstante, tengo debidamente documentado este episodio, incluida la prueba reina: su proyecto a favor de las FARC, el que pongo a disposición del Consejo de Seguridad, para que este advierta cómo, desde un principio y con su concurso, se idearon toda clase de artimañas para que la guerrilla no reparara a sus víctimas, como en efecto ocurrió.

Entre tanto, dada su pública declaración acerca de la existencia de una amistad entrañable con Santrich y su manifiesta animadversión con el suscrito, “formalmente le solicito declararse impedido en relación con todos los asuntos que su Ministerio quiera emprender en relación con el caso Santrich y con la fiscalía y el fiscal de entonces, con base en los numerales 8 y 11 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011”.