CIDH abre caso contra Colombia por exconcejal desplazado y exiliado por las Farc
El excabildante afirmó que producto de las extorsiones e intimidaciones del extinto grupo guerrillero su esposa perdió sus negocios y su hija además tuvo que suspender sus estudios universitarios por varios años, echando al traste su proyecto de vida.
Antigua Guerrila de las Farc, Foto: Colprensa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará la eventual responsabilidad del estado colombiano en la impunidad derivada del desplazamiento y exilio vivido por el exconcejal de San Vicente del Caguán (2008 - 2011) Norberto Clavijo Cuéllar a manos de las extintas Farc.
Según lo relatado por el excabildante, desde el 2001 su familia fue hostigada por el extinto grupo armado (por ejemplo ese año colocaron una bomba que asesinó a su suegro); luego, en 2007 fue elegido concejal y allí las amenazas de las Farc se intenstificaron obligándolo primero a desplazarse a Bogotá y posteriormente abandonar el país con rumbo a Argentina.
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“Resalta que desde julio del 2008 ha presentado hasta cuatro denuncias relacionadas con las amenazas que sufría, y una por el delito de desplazamiento forzado, pero que hasta la fecha no tiene conocimiento de la resolución de tales acciones. De este modo, sostiene que se advierte una falta de diligencia de parte de los fiscales y del cuerpo técnico investigativo para hallar y judicializar a los responsables” señala la petición del solicitante.
Incluso, afirmó que no solamente él sino su hija y su esposa se vieron afectadas por el accionar criminal de la extinta guerrilla, generando que la joven tuviese que interrumpir sus estudios universitarios y su esposa perdiera los negocios que eran de su propiedad.
“A raíz de las amenazas y del desplazamiento constante, su esposa, tuvo pérdidas económicas (un taller de joyería y una fábrica de yogur) y traumas psicológicos derivados de cuatro abortos. Asimismo, señala que su hijastra también vio afectado su proyecto de vida” resaltó la CIDH.
Debido a todo lo anterior, y a la falta de resultados sobre los responsables (por parte de la justicia ordinaria y la JEP) el órgano internacional concluyó admitir la petición y abrir la investigación.
“En el presente caso, surge de la información presentada por las partes que las autoridades archivaron tres denuncias relacionadas con el delito de amenazas, como también la denuncia por desplazamiento forzado. En tal sentido, la Comisión considera que en el presente caso las presuntas víctimas cumplieron con utilizar la vía adecuada para reclamar la alegada vulneración de sus derechos” definieron los comisionados.
La determinación de la CIDH desestimó la posición del estado, que a pesar de los relatos de la víctima señaló que se le habían otorgado medidas de protección, que las investigaciones habían avanzado con las herramientas disponibles, y que si el exconcejal salió para Argentina fue por decisión propia y no obligada.