Nuevo asesor de la Contraloría es investigado por contratación irregular
Se trata de Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales, quien firmó un contrato de asesoría externa por $187 millones.
Contraloria. Foto: Colprensa.(Colprensa/Archivo)
Sigue La W conoció, en exclusiva, que el despacho del contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, contrató como asesor a un exfuncionario de la entidad que fue imputado por una presunta contratación irregular.
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Se trata de Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales, quien se desempeñó como gerente de Gestión Administrativa y Financiera durante la dirección de Sandra Morelli, y fue contratado por $187 millones.
En el 2015 la Fiscalía General de la Nación advirtió que Vélez y otros cinco funcionarios habrían cometido los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
“Los hechos ocurrieron desde 2011 hasta 2014 cuando se presentó la presunta contratación irregular realizada entre la Contraloría General de la República y los señores José Manuel Sánchez Méndez, Samuel Bejarano Beltrán y Amanda González (dos conductores y una secretaria del despacho de la contralora)”, señaló el ente acusador.
“La Contraloría General, al parecer, contrató a estas personas mediante la prestación de servicios de apoyo a la gestión por sumas mensuales de $7′000.000, aproximadamente, erogación que además de ser elevada y contrariar principios de planeación, trasparencia y economía de la contratación estatal, no tuvo en cuenta, entre otros requisitos, el personal de la planta de la entidad, donde se contaba con servidores que podían cumplir esas funciones para las cuales fueron contratados”, especificó.
Incluso, en la página web de la rama judicial se evidencia que Vélez Cabrales tiene los procesos activos. El del presunto contrato sin cumplimiento de los requisitos legales está a cargo del Juzgado 42 Penal Circuito de Conocimiento. Incluso, el próximo 13 de febrero continuará la audiencia de juicio oral.
Aún así, la Contraloría lo contrató hasta el 22 de diciembre del presente año. Su principal función es asesorar y asistir al despacho del contralor en la coordinación, realización y organización de actividades, programas y tareas relacionadas con sus funciones.
Sigue La W buscó una respuesta del contratista y, aunque no accedió a una entrevista, respondió lo siguiente: “el cumplimiento de las normas penales me impide ventilar asuntos sujetos a reserva procesal en los medios de comunicación, lo cual lamento, ya que considero necesario dar las explicaciones pertinentes sobre mis actuaciones públicas, las cuales se han visto enlodadas por un lamentable enfrentamiento institucional entre la Fiscalía y la Contraloría que tuvo lugar en la época de Eduardo Montealegre y Sandra Morelli”.
“De mis actos darán fe las decisiones judiciales que se surtan en el correspondiente proceso penal, que estoy plenamente convencido tendrá una decisión ajustada a la ley, la cual espero sea difundida por los medios de comunicación, de la misma manera en que se han difundido las investigaciones penales”, agregó.
“Claramente no existe ningún tipo de inhabilidad o incompatibilidad para ser asesor externo de la CGR, toda vez que cuento con experiencia e idoneidad para serlo, adicional a esto, todo proceso judicial goza de la presunción de inocencia, hasta que no se declare responsabilidad alguna mediante sentencia”, concluyó.
Lea los documentos del caso a continuación:
Comunicado de la Fiscalía sobre el caso. Foto: Web.
Detalles del proceso del caso. Foto: Cortesía.
Detalles contractuales del caso. Foto: Cortesía.
Detalles contractuales del caso. Foto: Cortesía.
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