CIDH admite demanda de Piedad Zuccardi contra su proceso por parapolítica
La exsenadora denunció ante ese órgano internacional una supuesta violación a sus derechos a la libertad y el debido proceso producto del expediente en el que ha sido salpicada por declaraciones de exparamilitares.
Piedad Zuccardi - Imagen de archivo. Foto: Colprensa(Thot)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió y abrió un proceso para evaluar si el estado ha vulnerado garantías a la exsenadora Piedad Zuccardi dentro del proceso en el que es investigada por la Corte Suprema debido a su supuesto favorecimiento electoral derivado de vínculos con grupos paramilitares .
De acuerdo con la petición de Zuccardi, fue procesada por varios años por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema cuando las investigaciones contra aforados constitucionales tenían una única instancia, lo cual a su juicio vulneraba sus derechos a un juez imparcial (alegando que el tribunal hacía de juez y parte).
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Además señalaba que se le vulneraron sus garantías debido a que estuvo más de un año (concretamente tres) en prisión preventiva cuando en 2013 la Corte ordenó su captura. Asimismo, puso en conocimiento de la CIDH la denuncia sobre interceptaciones a las comunicaciones suyas con sus abogados, por lo cual de hecho pide la nulidad de todo lo actuado hasta la fecha (proceso que quedó detenido en la Corte porque Zuccardi se sometió a la JEP).
Tras analizar todo lo anterior, la Comisión decidió abrir el expediente al considerar que no se puede tachar de “abstracto” el hecho de que Zuccardi haya sido procesada en el marco de una única instancia por la Sala de Casación Penal (a pesar de que no ha sido condenada ni absuelta como argumentaba el estado).
También, defendieron que la excongresista estaría ante un “retardo injustificado” en su proceso porque, concluyeron, han pasado más de 12 años sin que se haya culminado el juicio contra Zuccardi; y evaluarán asimismo las denuncias sobre las interceptaciones a las comunicaciones de la excongresista con su defensor.
“En el presente caso, la Comisión ha analizado las reclamaciones sobre supuestos perjuicios que la presunta víctima continuaría sufriendo como consecuencia de la captación de comunicaciones privadas entre ella y sus abogados; concluyendo que estas reclamaciones no pueden ser tachadas de manifiestamente infundadas en esta etapa” sentenció la Comisión.
