JEP: Procuraduría pide citar al general Zapateiro por masacre de El Aracatazo

La W conoció el oficio en el que la Procuraduría delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó al tribunal transicional citar a declarar en calidad de testigo al excomandante del Ejército Nacional, general (r) Eduardo Zapateiro, por la masacre de El Aracatazo perpetrada por paramilitares en Chigorodó (Antioquia; 1995).

Lo anterior, debido a que para la época de los hechos se desempeñaba como comandante de la compañía Córdoba y el pelotón comandado por el actualmente mayor (r) Nofar Fabián Motta, agrupación que tenía un retén instalado en el municipio, estuvo en el lugar de los hechos, y caso por el cual es investigado penalmente ante la Fiscalía el exsubalterno del general Zapateiro.

“Llamar al general Gr. (r) Eduardo Zapateiro Altamiranda, para que en calidad de testigo y en consideración para el periodo que se investiga de la ocurrencia de la masacre “El Aracatazo”, al mando de la compañía Córdoba, y a su vez del Pelotón comandado por Nofar Fabián Mota (adscritos al Batallón Voltígeros) que estuvo en el lugar de los hechos, brinde un relato de lo que le conste” señala el documento conocido por W RADIO.

Además, pidieron que el excomandante del Ejército sea interrogado para que se refiera al contexto de violencia y situaciones de riesgo “que se vivía en la zona de jurisdicción del Batallón de Infantería Voltígeros”. La decisión de llamar o no al general queda en manos de la jurisdicción.

Asimismo, la delegatura del ministerio público en cabeza del procurador Alonso Pío Fernández, pidió a la JEP evaluar la posible responsabilidad por omisión de los comandantes de unidades de la Ejército y Policía en el municipio de Chigorodó para el momento de la matanza paramilitar.

“Muy especialmente por la posición de garante predicable como miembros de la fuerza pública, quienes para este caso tenían no solo el deber constitucional de protección de la vida, sino el deber jurídico de evitar el resultado típico de homicidios múltiples cometidos por los paramilitares” señaló el procurador Fernández.

De hecho, en uno de los testimonios ante la JEP, el cabo (r) Jhon Fredy Moncada (quien integraba el pelotón presente en la zona) señaló que escuchó los disparos que venían del lugar de la masacre, por lo cual le informó al (para la época) subteniente Motta Bastidas “sosteniendo que hizo lo que tenía que hacer”, porque “la toma de la decisión y el control de la situación ya le correspondía al subteniente, como superior y al mando del pelotón” indica el escrito recogiendo lo dicho por Moncada.

Los otros militares que la Procuraduría solicita que sean llamados a delcarar.

Además del general Eduardo Zapateiro, el delegado del ministerio público pidió que sea llamado a responder un sargento de apellido López Baudillo, quien se desempeñaba como comandante de un pelotón al mando del coronel (r) José Liborio Mártinez “con el propósito que ayude a esclarecer la orden precisa que para el 12 de agosto de 1995, se emitió por parte de la comandancia del Batallón de Infantería N°46 Voltígeros” indica el escrito conocido por fuentes en la JEP.

Asimismo, también pidió llamar al teniente Juan Carlos Arbeláez, quien pertenecía a las Fuerzas Especiales de la época en la zona, y tuvo el encargo de capturar a los paramilitares que perpetraron la masacre, para que esclarezca la posible coordinación “del jefe paramilitar, para ese momento, Carlos Castaño con el ejército” y realizar detenciones que en realidad habrían sido un fraude.

“De lo dicho por el señor Hébert Veloza García “HH”, se puede colegir que la detención realizada por el ejército de algunos de los autores de la masacre no se dio en virtud de una operación militar, todo lo contrario, lo afirmado por el mencionado postulado, lleva a establecer que más que una captura (para bajar la presión) fue entrega ordenada por el jefe de los paramilitares de esa zona, Carlos Castaño, al ejército” señala el documento del ministerio público.

Adicionalmente, la Procuraduría pidió que se llame a rendir declaración a los oficiales de la Policía que estaban a cargo de la estación en Chigorodó para el momento de la matanza y quienes “por competencia tenían en primera instancia, la seguridad y protección de la población dentro del casco urbano del mencionado municipio” dijo el delegado.

Frente al aporte a la verdad de comparecientes

Para concluir, el despacho del procurador delegado echó de menos una colaboración “real” y profunda del coronel Bermúdez, el mayor Motta y el cabo Moncada, al señalar que no aportaron mayores detalles sobre los hechos, evadieron responsabilidad y desconocieron cualquier crimen o conocimiento directo de alianzas con paramilitares.

“Con todas las situaciones que se vivieron para la época en la región de Urabá, lo declarado por los versionados es como si hubiesen estado aislados de la cruda y dura realidad que todos los días eran noticias en los corredores de su área de operaciones y en los que debían enfrentar a los distintos grupos ilegales” afirmó la Procuraduría.

Asimismo, el delegado del ente de control resaltó la posible omisión de los comandantes de la zona ante la información que ya tenían (aceptada por el mayor Motta) sobre un riesgo de incursión “para” en Chigorodó, complementada con informes incluso del alcalde de la población y de la policía. Aseguró Motta, que el mayor (r) Gustavo Mejía Rosas Jefe de Operaciones del batallón Voltígeros les dio la orden de “quedarse quietos” y no hicieron nada cuando se estaba dando la matanza.

Finalmente, el procurador Fernández pidió al despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez que se compulse ante el caso 08 (crímenes de la Fuerza Pública con paramilitares) las declaraciones del coronel (r) José Liborio Bermúdez.

Lo anterior, al señalar que le parece extraño que el coronel solamente se refiera a “comentarios” y “escuchas” de la presencia de paramilitares en Urabá, cuando estuvo 3 veces en la zona en su carrera militar con rango medio y alto; además ha sido mencionado en informes de víctimas y por paramilitares como alias “Isaza”.