Nueva tutela le da la razón a comunidad afectada por obras del Canal del Dique

Lo que mal empieza, mal sigue y mal puede terminar. Desde el gobierno Duque y después en el actual gobierno se han empeñado en hacer la alianza público privada para las obras del Canal del Dique con la cuestionada constructora española Sacyr. Estamos en este tema desde junio del año pasado, ya van dos gobiernos y siguen surgiendo inconvenientes.

Ahora el Tribunal Administrativo de Bolívar determinó mediante acción de tutela que el Gobierno Nacional no cumplió con las consultas previas que exige la ley con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras los Olivos de Hato Viejo.

Los voceros de esa comunidad señalan que, al contrario de lo que dice el nombre del contrato, la obra no busca la restauración de los ecosistemas del Canal del Dique. La comunidad sostiene que lo que quieren es entregarle por 15 años el Canal del Dique a una multinacional española para que lo explote como una hidrovía.

A juicio de esa comunidad, no consultada, las obras afectarán el suelo, los bienes, los activos sociales, culturales y ambientales de los habitantes de Los Olivos de Hato Viejo.

Varios residentes del área argumentan que la consulta se limitó a hacerle una promesa a una de las líderes pero realmente no oyó a la totalidad de la comunidad de Olivos de Hato Viejo.

La Agencia Nacional de Infraestructura ANI, según la acción de tutela, omitió relacionar y consultar a las comunidades afrodescendiente de los Olivos de Hato Viejo a pesar de que 11 de las obras previstas los afectan.

Esta tutela ya la habían ganado los habitantes ante un juez pero el ministro de transporte Guillermo Reyes, el director de la ANI y el gobernador del Magdalena se fueron a la zona y acordaron con una líder de la comunidad que harían la consulta después de la adjudicación de la obra. Con lo cual tumbaron la tutela inicial por hecho superado, ya que teóricamente se estaba cumpliendo el derecho conculcado.

Buen intento, ministro. Lo malo es que va contra las normas. Primero porque el Ministerio de Transporte no está facultado para efectuar esas consultas. Esa función le corresponde, por directiva presidencial, de manera exclusiva al Ministerio del Interior. Y segundo, porque promesa de consulta no es lo mismo que consulta.

La tutela también señala que el Ministerio del Interior tenía el deber de efectuar una visita de verificación al territorio.

Por todo eso el Tribunal de Bolívar ordena que la dependencia a cargo del Ministerio del Interior efectúe, en el curso de 48 horas, la visita de verificación para establecer las posibles afectaciones a la comunidad y así definir si es necesario o no citar una consulta previa.

Hay un detalle en la acción de tutela que llamó la atención de los magistrados. La constructora española Sacyr manifestó que nada tiene que ver con la licitación. A los cual el tribunal manifiesta en la sentencia que el portal de contratación SECOP señala que Sacyr es el único oferente en el proceso licitatorio. Es decir debería responder y no lo hizo.

Sacyr ya ha tenido otros reveses en Colombia. La Contraloría General vinculó a la multinacional española como presunta responsables por los daños por 23 mil millones de pesos causados por deficiencias constructivas del puente de Hisgaura, el más alto del país ubicado en el departamento de Santander. El humor popular ha bautizado esa obra como el puente acordeón.

Sacyr fue sancionada en España con una multa de 16.7 millones de euros por prácticas restrictivas de la competencia.

La tutela dice textualmente “No pasa por alto la sala que el proyecto fue adjudicado en diciembre de 2022; no obstante el derecho de la comunidad a reclamar la consulta opera en todas las etapas o fases del proyecto”.

Así las cosas, no será la última vez que hablemos de este tema.