CIDH expresó preocupación por impunidad en investigaciones por violencia policial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe de seguimiento a 28 de las 41 medidas recomendadas el estado colombiano luego de su visita a Colombia en 2021 por los hechos de violencia durante el paro nacional.

Primero que todo, anunciaron que en la reunión con el presidente Gustavo Petro se acordó echar a andar un mecanismo de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de dichas recomendaciones, de las cuales según la Comisión 3 de ellas tienen un cumplimiento parcial avanzado, 14 con cumplimiento parcial y 11 aún no presentan niveles de cumplimiento.

En el documento de 141 páginas que condensa el informe, se resaltaron avances importantes en materia de reforma a la Policía así como la transformación del ESMAD, pero se echó de menos que luego de que el ministro Iván Velásquez indicara que estos dos cuerpos del orden serán separados del ministerio de defensa, ello en la práctica no ha ocurrido.

“La Comisión valora positivamente esta posición, por lo que una vez implementadas y conocidas las medidas que concreten la separación de la Policía Nacional y de su ESMAD del Ministerio de Defensa, podrá determinar un avance en el nivel de cumplimiento de esta recomendación” señaló la CIDH.

Frente a otros escenarios como la ley de seguridad ciudadana, la CIDH expresó su preocupación por cuenta de que pueda ser utilizada para “reprimir actos de protesta y desincentivar la participación ciudadana a través del poder punitivo” por lo que solicitaron prevenir la “aplicación arbitraria” de dicha figura.

Asimismo, señalaron su inquietud debido a que aseguran que las investigaciones por abuso policial se mantienen en un considerable escenario de impunidad a pesar de la numerosa apertura de expedientes y las víctimas siguen sin reparación a pesar de tantos anuncios.

“...considerando que la gran mayoría de casos abiertos continúan en etapas previas de indagación de los hechos. Asimismo, la CIDH nota que el Estado no ha adoptado medidas para proveer y coordinar programas de reparación integral y oportuna a las víctimas en los términos de las recomendaciones” dice el informe.

Asimismo, expresaron su preocupación por información recibida sobre la “persistencia” de situaciones de violencia durante las manifestaciones tras la generación de las recomendaciones en el año 2021. De hecho fue uno de los argumentos para declarar que las recomendaciones 5 y 6 presentan un cumplimiento “parcial”.

Por otra parte, en relación con las medidas que se encuentran pendientes de cumplimiento, la CIDH resaltó el nulo avance frente a la aprobación de la ley estatutaria que regule y fije los límites frente a la protesta, tal como también lo ordenó la Corte Suprema de Justicia. En el mismo sentido se pronunciaron frente a la recomendación relacionada con el uso de armas no letales para controlar manifestaciones.

“...la Comisión no ha podido determinar resultados concretos de las medidas adoptadas, especialmente en materia de formación, capacitación, actualización y entrenamiento de la Fuerza Pública para asegurar el objetivo de la recomendación. Asimismo, considera que las denuncias sobre agresiones ocurridas con posterioridad a la formulación de la recomendación hace evidente la necesidad de medidas de cumplimiento efectivas” sentenció el órgano de la OEA.

Adicionalmente, hicieron un llamado al estado para revisar la situación de las personas que fueron “detenidas arbitrariamente” en el marco de las protestas, y revisar si es posible que puedan enfrentar sus procesos en libertad.