Falsos positivos en Huila: mencionan a Mario Montoya y salpican abogados de soldados
Militares y reclutadores rindieron testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los crímenes. La Procuraduría en el documento conocido por La W, solicitó indagar a litigantes que defendían penalmente a algunos de ellos.
General en retiro (r) Mario Montoya(Colprensa/Archivo)
La W tuvo acceso por medio de fuentes en la JEP, a la ampliación de observaciones de la Procuraduría Delegada en lo referente a falsos positivos en el departamento del Huila, allí, el ministerio público recogió las declaraciones de soldados y reclutadores que detallaron el patrón criminal que operó en batallones de la Novena Brigada del Ejército.
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En el escrito, se señaló que la política de Seguridad Democrática terminó generando presiones para producir numerosas bajas en combate, y en el caso particular de la Novena Brigada, en su interior de acuerdo con el ministerio público se instauraron incentivos que fortalecieron el surgimiento y la ampliación del “patrón criminal” en batallones como el Pigoanza y el Magdalena, donde los asesinatos habrían contado con luz verde por parte de sus comandantes, según la Procuraduría.
“La realización de las conductas propias de las fases de planeación, ejecución y encubrimiento propias del patrón de ejecuciones extrajudiciales develado en este caso, presuntamente contó con la participación determinante de (i) los comandantes del Batallón Cacique Pigoanza y del Batallón Magdalena entre el año 2005 y el año 2008, (ii) de los integrantes de sus secciones de inteligencia y de operaciones” sentenció el ente de control.
Frente al general Mario Montoya como comandante del Ejército fue nuevamente mencionado debido a las “presiones” que los militares aseguran ejerció y que incidieron en la comisión de esos delitos de forma desbordada.
“Me voy a referir al General Montoya, la presión ejercida como dijo el Sr. Procurador en esas palabras despectivas generó que entre comillas fuera uno de los factores, hay mucha gente que los defiende en el sentido que estaba haciendo que sus hombres cumplieran con su deber y de verdad teníamos un enemigo fuerte, no era fácil de manejar, debió haber una fase de consolidación, el Comando del Ejército debió haber frenado, decir un momentico, consolidemos las áreas y establezcamos no esa intención de que los resultados operacionales se midieran por muertos en combate” sentenció Ricardo Marín, oficial de la Novena Brigada en su momento.
En el ámbito de los batallones, según la Procuraduría uno de los comandantes que fue insistentemente mencionado dentro de las declaraciones de subalternos y reclutadores fue el coronel (r) Orlando Pico Rivera (excomandante del Pigoanza entre 2004 y 2006); de acuerdo con los declarantes tenía contacto directo con los desmovilizados que fungían de informantes y se refería a los pagos.
“Vea, si usted me da resultados y el ejército da bajas, entonces por cada baja se le pagan tres millones de pesos, por un fusil que se recupera aparte del muerto es un millón de pesos más, por pistolas como setecientos mil pesos y lo que era munición que eso ya era de menor valor” dijo Andrés David Martínez mencionado por el ministerio público.
De hecho, el ente de control pidió investigar sobre los auxilios que entregó el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia a desmovilizados como Andrés Martínez Quintero, reclutador que trabajaban con el batallón. Según lo dicho por los declarantes y recogido por el ministerio público contaban con viáticos y permisos “que eran extendidos por años y que a la luz de todo lo ocurrido hicieron parte del mecanismo que permitió los asesinatos y desapariciones forzadas”.
También mencionaron amenazas de los propios militares luego de las acciones ilegales, diciéndole particularmente a uno de ellos en una ocasión que cuidado con lo que hablaba porque “con la cédula ya podían ubicarlo”.
LOS ABOGADOS SALPICADOS Y LA PETICIÓN DE INDAGACIÓN POR PARTE DE LA PROCURADURÍA
Sin duda uno de los puntos más llamativos recogidos por el ministerio público en el documento se relaciona con la petición de indagar a varios abogados penalistas que fueron salpicados por los soldados en su testimonio: un abogado de nombre Luis Hernando Castellanos, un auxiliar suyo (que según uno de los militares le pidió desviar una declaración), otro llamado Wilson Fernández Bravo, y dos identificados como “Lenin” y “Rojas”.
“Entonces él me dice. Porque pues yo ahí es donde no sé pues que decirle porque nunca estaba acostumbrado a esas cosas. Entonces yo le digo: “la verdad doctor no sé ahí cómo sería”. Entonces dijo “yo le voy a decir a Darío que le cuadre 10 millones de pesos y con el coronel yo hablo con él porque usted en ese tema es una minita de oro. (…) En la declaración se refiere al coronel Orlando pico” Declaración de Andrés David Martínez del 17 de agosto de 2022 referida por la Procuraduría.
En el caso particular del abogado Castellanos, el capitán Francisco Álvarez Calderón afirmó que fue presentado por el coronel Orlando Pico a la tropa, y les descontaban $8.000 mensuales a cada uno para defenderlos en caso de que tuvieran problemas legales por los supuestos muertos en combate.
MINISTERIO PÚBLICO PIDIÓ A LA JEP EVALUAR COMPULSA DE COPIAS CONTRA FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y FISCALÍA
La determinación de la Procuraduría se produjo a raíz de las posibles omisiones que habrían tenido funcionarios de esa dos instituciones en la investigación de los homicidios cometidos por los militares.
“...se tiene que las actuaciones de los integrantes de las unidades implicadas con competencias en materia sancionatoria, así como de los funcionarios de la Justicia Penal Militar y de la Fiscalía General de la Nación, contribuyó a que no se descubriera de manera oportuna la comisión de ejecuciones extrajudiciales por efectivos del Ejército Nacional en el departamento del Huila” concluyó el ministerio público.
Finalmente, la Procuraduría solicitó que se estudie a profundidad la mención del soldado Ferney Triana quien sentenció que los militares que tenían “mejor desempeño” en ese contexto de las “bajas” eran premiados con la entrega (por orden del Comando del Ejército) de armas incautadas por INDUMIL.
“...mencionó que se trató de incentivos que daba el comando del ejército, como armas decomisadas de INDUMIL, que habían terminado procesos jurídicos y legales, libres de cualquier anomalía o investigación, se trataba de armas que asignan a personas de buen desempeño, y con buenos resultados para su uso personal” mencionó el ente de control.
También pidieron indagar a fondo sobre la participación que tuvo la Agrupación de Fuerzas Especiales (AFEUR) adscrita a la Novena Brigada en las ejecuciones extrajudiciales.
