Implicados en carrusel de carros blindados ofrecen delatar a presuntos involucrados

Los dos principales sospechosos del millonario caso de corrupción, conocido como el carrusel de los carros blindados, están listos para delatar.

Quizás algunos de ustedes recuerden que aquí revelamos la existencia de una investigación que fue iniciada y abandonada en 2014 sobre el funcionamiento de una mafia que involucra oficiales de la Policía, funcionarios civiles altos y medios de varias instituciones públicas, dueños de concesionarios automotores, empresas de blindaje y contratistas que se quedaron con decenas de miles de millones por la venta y el alquiler de vehículos blindados y especiales, en procesos de contratación irregulares ante varias entidades del Estado.

Las pesquisas que incluyen interceptación de comunicaciones, seguimientos, documentos y testimonios establecen que una empresa, que inicialmente se llamaba M&M Group y después fue rebautizada como 7M Group, fue el intermediario principal de esta multimillonaria operación ilegal.

Detrás de esas sociedades están los señores Martín Ricardo Manjarrés Cabezas y Yonn Jairo García Rivera, altos ejecutivos de la compañía intermediaria.

Pues bien, la noticia es que los señores Manjarrés y García se acercaron a la Fiscalía para ofrecer su colaboración delatando a los presuntos coautores de esos delitos. Y también que el principio de oportunidad, que debe ser aprobado por el fiscal general, y que habitualmente solo toma semanas, se está demorando.

El borrador de ese principio de oportunidad presentado por la fiscal Angélica Monsalve señala que ofrecen declarar contra estas personas:

• El general Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, de quien aseguran les facilitaba las fichas técnicas de las contrataciones de los carros blindados y no blindados a cambio de recibir dádivas como regalos y donaciones. Según los declarantes, la operación se efectuaba a través de su esposa, doña Eva de Palomino. Anoche, el general Palomino, me dijo que nunca tuvo ninguna relación con estas personas, que jamás les suministró información alguna y agregó “No creo que mi señora lo haya hecho”.
• El general William Ernesto Ruíz Garzón, quien, según los eventuales declarantes, les pedía donaciones y colaboraciones para protegerlos en la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y direccionar procesos de contratación para que fueran favorables a ellos.
• El coronel Juan Francisco Peláez de quien dice que los otorgó contratos desde la Dirección de Tránsito de Bogotá y después la Dirección Nacional de Tránsito y para ello presuntamente modificaba las fichas técnicas, a cambio de dádivas y favores.
• El coronel John Carlos Roa, sobre el cual dicen que les entregaba información sobre procesos de contratación, antes de que fueran publicados, y pedía dádivas y favores a cambio.

Hay otros miembros de la Policía mencionados pero vamos a los funcionarios civiles

• El exdirector de la Unidad Nacional de Protección UNP, Andrés Villamizar, sobre quien dicen que sabía que el secretario general de la UNP, Julián Marulanda, beneficiaba a los contratistas corruptos. Villamizar me dijo que eso no es cierto, que no conoce siquiera a los declarantes y que es imposible que alguien a quien no conoce señale que él tenía sabía de irregularidades cometidas por un subalterno.
• A Julián Marulanda, secretario de la UNP, lo señalan porque según ellos les entregaba información privilegiada sobre procesos contractuales de compra de carros y repuestos. Y que pedía dádivas a cambio de eso.
• También delatan a Carlos Bermúdez Cuchimaque, quien fue funcionario de la UNP y después trabajó para el zar de la vigilancia Jorge Moreno Ojeda. Afirman que Bermúdez era el enlace de los contratistas para arrendamientos de vehículos.
• Así mismo mencionan a una persona llamada Andrés Vaca quien supuestamente era un amigo personal de Carlos Bermúdez y contactaba a los contratistas para recoger los sobornos.

En la solicitud de principio de oportunidad también se refieren a funcionarios de la propia Fiscalía General de la Nación.

• El jefe de transportes del ente investigador John Henry Porras Quitián, quien, de acuerdo con la solicitud de principio de oportunidad, viene otorgando desde 2012 contratos sin el lleno de requisitos legales. Además realiza estudios de mercado y fichas técnicas para favorecer a esos oferentes, presumiblemente a cambio de dinero.
• El ingeniero mecánico al servicio de la Fiscalía Harold Rodríguez Castellanos quien, según los eventuales declarantes, les entregaba las fichas técnicas de los vehículos que la institución quería comprar e incluso les permitía modificar esas especificaciones a cambio de dádivas.

También mencionan a varios de los empresarios beneficiados:

• El ejecutivo japonés Shinobu Kataoka, quien ha sido presidente de Suzuki en Colombia. Según los declarantes el señor Kataoka les otorgaba poder a los intermediarios para que adelantaran las contrataciones chuecas y entregaba dádivas a los funcionarios que lo favorecían
• Alejandro Salvino de Blinsecurity quien, de acuerdo con el documento, tenía contacto directo con Julián Marulanda de la UNP y era favorecido con los contratos de alquiler de blindados.
• Aldo Salvino, hermano del anterior y también directivo de Blinsecurity, señalado por los mismo hechos.
• Luis Wilson González, de GMW Blindajes, a quien también acusan de haber sido beneficiado por favorecimientos de Julián Marulanda mientras estaba en la UNP.
• En la lista de señalados aparece el empresario Alan Perlman de afirman que tenía injerencia en la contratación de la UNP.

Es posible que en este listado ni estén todos los que son, ni sean todos los que están. Por ejemplos la fiscal tienes indicios de que el exsindicalista de la UNP Wilson Devia y el exsubdirector de protección Ronald Rodríguez Rozo, presuntamente estarían implicados en estos graves hechos de corrupción y no fueron mencionados por los declarantes.

Como sea este principio de oportunidad es un paso importante en la investigación que puede acabar con una vena rota que le ha costado cerca de 45 mil millones de pesos a los colombianos.

El revelador documento, conocido por el reporte, fue presentado desde noviembre del año pasado al fiscal general Francisco Barbosa pero parece haberse quedado frenado en su despacho.

Los principios de oportunidad, que deben ser aprobados por el fiscal general, habitualmente toman unas semanas pero sobre este aseguran que se puede demorar un año. Es decir que lo tendría que decidir el próximo fiscal general.

Pareciera que no hay ninguna prisa para meterse con generales y otros personajes tan importantes.

La fiscal Angélica Monsalve que rescató el caso de los anaqueles después de 8 años de inactividad no parece tener el respaldo de sus jefes para sacar adelante este proceso.

Tampoco lo tenía cuando llamó a imputación a tres miembros de la poderosa familia Ríos Velilla. En ese momento ordenaron su traslado al Putumayo que se frenó gracias a la atención pública sobre su tema. Ahora la estrategia cambió: le han abierto cuatro procesos en su contra, uno de ellos por abuso de función pública por haber ordenado entrevistar a Emilio Tapia dentro del proceso de corrupción de Transmilenio.

El investigador que lo entrevistó y es especialista en contratación pública, terminó trasladado a inasistencias alimentarias y la fiscal sin ese apoyo.

Bonus track

La semana pasada les contábamos que en febrero prescribe la primera acción disciplinaria contra el autodenominado abogánster Diego Cadena y que en noviembre el magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Julio Andrés Sampedro, había pedido el caso para estudio con lo cual se acerca a la prescripción.

El magistrado acredita que devolvió el expediente 2 días después y que ya está en poder de la magistrada ponente. De manera que ahora la responsabilidad de la demora es de toda la sala. Ojalá decidan de manera justa, como lo indican las pruebas y antes de que prescriba la acción.

Escuche el reporte completo: