CIDH: denuncian impunidad en caso de desaparición a manos de paramilitares
Las siete víctimas que se dirigían al corregimiento de Palmor (Sierra Nevada de Santa Marta), fueron interceptadas cuando llevaban un cargamento de víveres, tras acusarlas de hacerle “mandados” a la guerrilla.
Combatientes del Bloque Norte de Autodefensas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en Chimila, departamento de Cesar, Colombia. Foto: RODRIGO ARANGUA/AFP vía Getty Images.
La Corporación Opción Jurídica denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la impunidad judicial en la que se encuentra el caso de la desaparición forzada de 7 víctimas (Wilmer Santana Páez, Ludís Santana Páez, Hernando Páez Pava, Santiago de Jesús Sepúlveda, Iveth Guerra Jiménez y dos víctimas más) a manos de los paramilitares tras ser interceptados en la vía que de Barranquilla conduce a Santa Marta cuando se dirigían al corregimiento de Palmor en la Sierra Nevada de Santa Marta en 2001.
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De acuerdo con los hechos alegados por la organización de víctimas y los familiares de los desaparecidos, las víctimas fueron llevadas en el vehículo hasta la zona de Calamar (Bolívar) donde fueron asesinadas y sus cuerpos tirados al río Magdalena; otros fueron degollados y lanzados al río Magdalena en Sabanalarga (Atlántico) en zona del Canal del Dique.
Según el expediente los hechos fueron conocidos tanto por Salvatore Mancuso como Rodrigo Tovar “Jorge 40″ y en ellos, hubo una presunta complicidad de la Fuerza Pública tanto en los señalamientos como en el secuestro.
“...contaron para la retención de las víctimas con el apoyo de miembros de miembros de la fuerza pública como lo fue el GRUPO GAULA ATLÁNTICO, siendo entregadas cinco de éstas con vida al postulado SERGIO MANUEL CORDOBA AVILA alias “EL GORDO”, “CARA CORTADA” o “120″, quien ordenó que las asesinaran y arrojaran sus cuerpos sin vida al Canal del Dique” señala la petición.
Opción Jurídica y las víctimas acudieron al Sistema Interamericano por cuenta de la impunidad judicial en la que se encuentra el caso, donde de hecho murieron dos menores de edad asesinadas por los “paras”. De acuerdo con lo alegado por los peticionarios, en el expediente se indica la aparición de apenas un cuerpo de los siete y las condenas a todos los responsables (particularmente a los aliados de las AUC en el Gaula del Atlántico) siguen sin darse.
“...no se han realizado mayores esfuerzos porque los derechos a la verdad, justicia y reparación se desarrollen, toda vez que muy a pesar de haberse solicitado pruebas conducentes y pertinentes al esclarecimiento de los hechos materia de investigación ninguna de ellas se ha practicado” sentenció Opción Jurídica.
Para las víctimas y sus representados es inadmisible una excesiva y prolongada espera para la recuperación de los cuerpos de sus familiares y afirmaron que no ha habido diligencia del Estado para adelantar la búsqueda.
“...por la carencia o ausencia de una decisión como tal, debido a que han pasado más de 15 años aproximadamente sin que hasta la fecha exista una decisión de estos procesos, lo que he notado es simplemente una variación de fiscalías sin que ninguna tenga un pronunciamiento a los derechos antes mencionado” sentenciaron.
En sus peticiones elevadas a la CIDH, la Corporación y las familias de los desaparecidos solicitaron primero que todo protección a sus garantías frente a la impunidad judicial en que se mantiene el caso (hace 2 años apenas fue vinculado a la investigación alias “Montería”). También un acto de reconocimiento público por la participación de agentes de la Policía en la desaparición forzada, así como una oportuna reparación.
