Martha Hidalgo denunciará a “Sara Manuela”, quien durante años suplantó su identidad

Martha Hidalgo, venezolana de 24 años, había recibido mensajes advirtiéndole sobre una cuenta de Instagram que estaría suplantando su identidad. Hizo lo que estaba a su alcance: denunció la cuenta y advirtió a sus seguidores de esta segunda cuenta.

Nunca se imaginó que dos años después, la contactarían varios hombres diciéndole que la amaban, que la habían esperado en un avión a Curazao o incluso a la entrada del concierto de Bad Bunny. Sin entender nada, estos jóvenes enamorados le explicaron que existía una mujer colombiana que se hacía pasar por ella desde hace varios años.

Martha logró contactar a esta mujer, quien le aceptó que “había creado ese perfil falso durante dos años enteros. Ella me contó por videollamada su situación, donde al parecer estaba pasando por una enfermedad mental, quise ser empática con ella” ya que no quería ser responsable de las decisiones que pudiera tomar esta mujer después de la conversación.

La colombiana le explicó a Martha que no se sentía a gusto con su apariencia física, razón por la cual había optado por utilizar sus fotos para construir lazos afectivos con otras personas.

Después de la sentida conversación, Martha pensó que la cuenta se suspendería. Por esta razón, decidió denunciarla ante la Fiscalía, “no para que vaya a la cárcel ni pague una multa, pero si para que se comprometa con el estado venezolano y colombiano para no volverlo a hacer (...) y evitar cualquier tipo de contacto conmigo o mi familia”.

Por su parte, Yefrin Garavito, director del laboratorio de informática forense de la UID, advirtió que los delitos cibernéticos han tenido un incremento sustancial en los últimos años.

“La mejor forma de evitar este tipo de situaciones que no es algo exclusivo de las redes sociales, es evitar compartir cierta información nuestra que pueda llegar a ser utilizada, en el peor de los casos, en transferencia no consentida de activos o ante una entidad bancaria”.

Recomendó denunciar los hechos ante las plataformas y autoridades nacionales y explicó que, por el Convenio de Budapest sobre cibercriminalidad, permite que a través de mecanismos de cooperación internacional, se pueden identificar las direcciones IP de quienes utilizan las redes sociales. Aclaró que estas solicitudes deben hacerse basándose en una orden judicial, por lo cual es esencial denunciar lo sucedido a la Fiscalía.