Procuraduría requiere a ICBF por denuncias de explotación sexual a indígenas
La Procuraduría General hizo requerimientos a varias entidades públicas por graves denuncias de violencia sexual contra niñas indígenas a manos de soldados.
La Procuraduría General de la Nación, delegada del Guaviare, hizo una larga lista de requerimientos al ICBF, Defensoría, Fiscalía, Alcaldía y comisarías de Familia por las graves denuncias de violencia sexual contra niñas indígenas a manos de soldados.
Lea en La W
Las denuncias realizadas por el periodista Gerardo Reyes de Univisión, alegan que civiles y militares se aprovechan de la situación precaria en la población indígena para inducir a menores de edad a tener relacione sexuales a cambio de comida, a veces por el equivalente a dos dólares, es decir casi diez mil pesos.
En la petición, el ente solicita conocer qué estrategias y de qué naturaleza se han implementado desde las entidades que lideran a “fin de mitigar la explotación sexual y violencia sexual de menores pertenecientes a las etnias JIW y NUKAK, residentes en el municipio de San Jose del Guaviare; que resultados han obtenidos durante las vigencias comprendidas entre los años 2019-2022, por favor indicar cifras, población beneficiada e impactada, al igual que las dependencias y funcionarios encargados de cada estrategia”.
Además de conocer la cantidad de denuncias que hay instauradas desde la Fiscalía General de la Nación, La Comisaria de Familia de San Jose del Guaviare, La Defensoría del Pueblo Regional Guaviare y las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con los “hechos relacionados con explotación sexual y violencia sexual de menores pertenecientes a las etnias JIW y NUKAK se han recibido desde las entidades que ustedes lideran durante las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022, en caso de que aplique por favor remitirle número interno de radicado, descripción sucinta de los hechos, posibles implicados, estado actual del trámite o proceso jurídico”.
De igual forma, “informar si en el marco del desarrollo de la investigación se ha podido determinar como posibles responsables miembros de la fuerza pública, Policía Nacional o personas naturales que cuenten con la condición de servidores o funcionarios públicos”, enfatiza el documento.
Cabe resaltar que frente al tema, John Rhatigan, agregado de prensa y portavoz de la embajada de Estados Unidos en Colombia, indicó: “las Fuerzas Militares de los Estados Unidos se toman en serio cualquier acusación de abuso sexual y están comprometidas con la investigación de cualquier acusación de delitos sexuales o de mala conducta. En este momento, no tenemos conocimiento de ninguna investigación por parte de las autoridades colombianas sobre ninguna denuncia en el Guaviare”.