“No podemos garantizar que contratistas de hoy van a permanecer”: Función Pública

Continúa la polémica por la circular expedida por Función Pública para iniciar la formalización del empleo en las diferentes entidades del Estado, la cual da un tiempo máximo de cuatro meses para hacer la transición y por ende ir acabando con los contratos de prestación de servicios y crear, mientras tanto, plantas temporales.

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, solicitó a través de un derecho de petición una aclaración sobre el alcance de la circular en la autonomía de las entidades del orden territorial y el presunto conflicto que puede haber por la ley de garantías, que les prohíbe modificar las nóminas cuatro meses antes de elecciones.

“No tienen prestaciones sociales, no tienen vacaciones, no tienen garantías. Saludo la buena intención del presidente Petro, por supuesto que le tiene que dar cumplimiento a lo que les prometió a los colombianos”, señaló.

“Estas circulares violan el principio de descentralización. Esta circular contraria la jurisprudencia del Consejo de Estado. No puede el ejecutivo sustituir al Congreso”, agregó.

Además, Juvinao aseguró que le preocupa el perfil de César Manrique, quien es el director de Función Pública, por el proceso que tiene abierto por un supuesto detrimento patrimonial por la compra de motos eléctricas para Bogotá.

“Respetando la presunción de inocencia, el juicio por presunta corrupción sigue por la fallida compra de motos eléctricas en Bogotá. La Contraloría probó el detrimento patrimonial. No creo que sea la persona que genere confianza para adelantar este proceso (…). El señor Manrique no está teniendo la suficiente planeación para que esto salga bien”, mencionó.

“No podemos jugar con familias enteras cuyo único ingreso es el contrato con el Estado”, añadió.

Por su parte, César Manrique, director de Función Pública, explicó la circular que emitieron desde esa entidad y aclaró qué pasará con los contratos de prestación de servicios.

“No podemos garantizar que los contratistas que hoy están van a permanecer porque eso es una decisión independiente y autónoma de cada administración”, aseveró.

“No culpen al Gobierno actual. Lo que estamos planteando es una política pública de cómo podemos formalizar el empleo público en Colombia (…). Estamos dándole cumplimiento a los fallos de la Corte Constitucional. Son aquellos (los contratos) que se disfrazan para un interés político, no son los verdaderos contratos de prestación de servicios”, destacó.

De igual forma, se refirió al por qué incluyeron a los entes territoriales en la circular, pues las regiones tienen autonomía sobre este tema.

“No puedo decir que puedo determinar la legalidad de las resoluciones. Estoy totalmente seguro de la legalidad de ellas. La autoridad municipal no se violenta cuando un órgano nacional nos plantea que, por orden constitucional, se debe plantear la política del empleo público (…). Quiero que se entienda, lo digo con respeto: una cosa son los contratos de prestación de servicios que autoriza la Ley 80 que están reglados y no tienen ningún problema”, explicó.

Por otro lado, aseguró que están previendo posibles demandas en contra del Estado por esta situación del empleo público.

“Hay que hacer una precisión. Ellos no tienen ningún cargo en la administración pública. Estamos previendo un daño antijurídico. Es un problema del Estado colombiano”, comentó.

Finalmente, sobre lo mencionado por la congresista Juvinao del proceso en su contra por el presunto detrimento patrimonial de Bogotá, explicó: “el Tribunal Superior de Bogotá no anuló la sentencia por un tecnicismo jurídico, fue por violación al derecho a la defensa, violación al debido proceso. Usted dice que la Contraloría probó el detrimento patrimonial y eso es falso (tema de motos eléctricas)”, respondió Manrique.

“No hay fallo absolutorio”, concluyó.