Contratos por prestación de servicios en Estado: adición será hasta por 2 meses

William Rodríguez, secretario general Colombia Compra Eficiente, reconoció que es probable que en cuatro meses las entidades del Estado no terminen los estudios para la contratación en plantas temporales por lo que, “se podrá adicionar el contrato en caso de que en los cuatro meses no se concrete la provisión de las plantas temporales o la reforma de la estructura de cada una de las instituciones”, advirtió.

Con esto, el Gobierno reiteró que arrancará el año con contratistas por cuatro meses, es decir hasta abril, tiempo que fijó para crear las plantas temporales, pero en la nueva circular el Gobierno abre la puerta a hacer adiciones a los contratos luego de los cuatro meses.

Eso sí, explicó a W Radio que no se puede ampliar más allá de la mitad del valor del contrato, es decir, si los valores son iguales para cada mes no se podría ampliar más de dos meses.

Rodríguez aseveró que hay tres casos en los que las entidades del Estado pues contratar por más de cuatro meses:

1. Cuando exista la necesidad de contar con una experticia o conocimiento especializado en una materia determinada, con el que no se cuenta en la planta de personal.
2. Si hay un caso de una persona en estado de gestión, de licencia de maternidad o paternidad o un mal estado de salud.
3. Cuando hay proyectos de inversión, “porque en los proyectos de inversión ellos determinan con qué tipo de personal se va a ejecutar y el tiempo”.

Expertos señalan que esta nueva circular suaviza los lineamientos para hacer contrataciones por más de cuatro meses, no obstante, sigue la polémica porque analistas señalan que estas instrucciones violan la autonomía administrativa de las entidades territoriales en un año electoral.

¿Este proceso tiene el concepto presupuestal de Hacienda?

Ante esta pregunta, Rodríguez aseveró que aún no porque el proceso debe presentarse por cada entidad al MinHacienda para su viabilización, y frente a eso Función Pública recomienda que se calcule con base en los costos que tiene la contratación de los contratistas de prestación de servicios.