Fiscalía ordenó inspección a Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao
Luego de la polémica por la libertad que concedió la jueza coordinadora a dos jóvenes de la ‘Primera Línea’, se adoptó la decisión.
Complejo Judicial Paloquemao (Colprensa)
La Fiscalía General de la Nación ordenó la inspección del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en el marco de la indagación que se inició contra la jueza coordinadora Lilyan Johana Bastidas, por las libertades que se otorgaron a los dos voceros de paz.
La inspección se dio en medio de la investigación que adelanta el ente acusador, luego de recibir una denuncia penal que interpuso la Procuraduría General de la Nación contra juez, por haber concedido la libertad a dos jóvenes de hacen parte de la ‘Primera Línea’.
Esto, tras considerar que habría cometido errores y que el proceso de libertad se dio en medio de irregularidades.
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Entre tanto, se conoció que la Fiscalía General de la Nación dio instrucciones a la Policía Judicial para adelantar la inspección.
Del mismo modo, la Procuraduría solicitó a varios coordinadores de Centros de Servicios Judiciales de diferentes ciudades del país, en los que se llevan procesos contra integrantes de la ‘Primera Línea’, que informen al Ministerio Público la programación de audiencias en las que se definirá las libertades de los procesados que harán parte de los ‘voceros de paz’.
Cabe recordar que, recientemente, un juez de Control de Garantías de Bucaramanga (Santander) dejó en libertad a dos jóvenes que lideraron las protestas en esa zona del país a través del denominado grupo de la ‘Primera Línea’, durante el paro nacional de 2021.
Se trata de los estudiantes David Esteban López Barrera y Andrés Cabrales, quienes se convertirán en gestores de paz, luego de estar privados de la libertad desde junio de 2022, cuando se les impuso una medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
Recordemos que en las últimas horas, Briam Andrés Cabrales Jaramillo y David Esteban López Barrera, son dos nuevos voceros que salieron de prisión domiciliaria, por orden de un juez en Bucaramanga.
La inspección se realizó el pasado lunes 2 de enero, pero no se pudo hacer completa por varios inconvenientes que surgieron.
