Internacional

Boric indulta a presos del estallido social: “No son delincuentes”

El indulto es una potestad que los presidentes chilenos suelen usar con motivo del fin del año y con la que el mandatario cumple una promesa electoral

Gabriel Boric. (Photo by Sebastián Vivallo Oñate / Getty Images)

Gabriel Boric. (Photo by Sebastián Vivallo Oñate / Getty Images) / Agencia Makro

El presidente chileno, Gabriel Boric, reconoció este viernes que su decisión de indultar a 12 presos detenidos durante las protestas populares de 2019 y al exguerrillero Jorge Mateluna “fue difícil”, pero que lo hizo “para sanar las heridas” porque los jóvenes indultados “no son delincuentes”.

“Es un compromiso personal que tenía, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente”, expresó desde Valparaíso, momentos antes de encabezar un gabinete regional.

“No se trata de profundizar las divisiones, no tengo interés en pelear con nadie, ni menos en polarizar, me interesa que nos volvamos a encontrar”, añadió.

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Los polémicos indultos provocaron una tormenta política marcada por la indignación de la coalición de derecha Chile Vamos, que abandonó una mesa de negociación clave en materia de seguridad y anunció una acusación constitucional a la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

El indulto, que es una potestad que los presidentes chilenos suelen usar con motivo del fin del año y con la que el mandatario cumple una promesa electoral, incluye también a Jorge Mateluna, un antiguo miembro del grupo radical armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que combatió a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y que penaba por otro delito.

La noticia, que se difundió con cierta confusión porque primero se anunciaron 11 indultados y después 13, por un “error” del Ministerio de Justicia que envió “de manera incompleta” la nómina de personas, tomó por sorpresa a la oposición, que reaccionó con dureza e indignación.

La coalición de derecha “Chile Vamos” decidió retirarse de forma indefinida de las negociaciones de la Mesa de Seguridad, encabezada por la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien fijó este acuerdo como uno de sus grandes objetivos desde que llegó al cargo en septiembre, y cuyo cierre esperaba concretar el próximo martes 3 de enero.

Además del bloqueo de las conversaciones, que abordaban asuntos en torno al narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado, entre otros, el partido de derecha Renovación Nacional, uno de los integrantes de la citada coalición, anunció que impulsará una acusación constitucional contra la titular de Justicia, Marcela Ríos, y exigió su renuncia.

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