Muestra posibles nexos de autoridades con “paras”: JEP por falsa desmovilización EPL

En entrevista con La W, el magistrado de la JEP y relator del caso Unión Patriótica, Gustavo Salazar, se refirió a la decisión de pedir que se investigue a los generales Leonardo Barrero, Rito Alejo del Río y otros 14 militares por paramilitarismo, tras la falsa desmovilización del EPL en 1996.

“Tuvo una activa participación en las ceremonias en la zona de Frasquillo y Cedro Cocido (base de los paramilitares y finca de los Castaño) en relación con los desmovilizados del EPL” señaló el magistrado Salazar referente al general Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares.

Frente a la eventual responsabilidad del gobierno central del expresidente Samper, el magistrado señaló que sus delegados, entre ellos el exministro Horacio Serpa, fueron a cumplir una función “más bien ritual” de algo que estaba certificando la Primera División y la Brigada 11, por lo cual previo a asignar posibles responsabilidades, el trabajo de investigación debe ir avanzando.

El juez transicional también se refirió a las autoridades de nivel departamental que hicieron parte del proceso de “desmovilización” en 1996, como los exgobernadores de Córdoba, Carlos Buelvas, o su asesor Benito Osorio Villadiego. También en ese momento el expresidente Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia.

“En efecto Cedro Cocido era de la familia Castaño, eso es un poco lo que extraña, era una finca conocida de hace mucho tiempo atrás. En el caso de Benito Osorio confesó que estuvo ahí, y también la participación del gobernador Buelvas. Nosotros no hemos establecido que ellos tengan una relación directa con la desmovilización de manera plena” indicó el magistrado.

Particularmente sobre Buelvas, el magistrado Salazar reveló asimismo los señalamientos contra el gobernador por vínculos con grupos paramilitares y “reuniones previas”. Asimismo “que en esas reuniones había participado Benito Osorio Villadiego”, así como el señor Héctor Íñigo Gómez, quien pidió ingreso a la JEP por vínculos con paramilitares y “fue muy cercano a altos políticos de Córdoba”.

“Esta desmovilización no es simplemente una ceremonia, pone sobre la mesa un entramado de relaciones de autoridades civiles, autoridades militares posiblemente con grupos paramilitares” expresó.

Por otra parte, frente al tema del eventual fraude también con la venta de tierras despojadas al INCORA, y su asignación a los supuestos desmovilizados que eran nuevos paramilitares, Salazar señaló que “esa investigación no ha ido a fondo” pero sí “hubo un movimiento de tierras muy particular”.

Según el juez, la fundación fachada de los paramilitares Funpazcor vende las tierras (que habían sido despojadas) al INCORA, luego el estado se las entrega a los supuestos desmovilizados que en realidad eran paramilitares y luego las recuperan: “todo parte, y después de muchas vueltas termina llegando al mismo lado, sobre todo en la zona de Las Brisas y San Vicente del Congo” dijo.

“El proceso de Funpazcor, de entrega de tierras que tanto se proclamó en los medios de comunicación, que nunca corroboraron qué había realmente pasado allá, la supuesta reforma agraria de Urabá y los Castaño entregando tierras, eso realmente no fue así” sentenció Salazar.

Finalmente, expresó que la compulsa de copias contra los generales y los 14 militares más se produjo tras la revisión de más de 8.000 folios, confesiones de paramilitares y comparecientes como Juan Carlos Rodríguez “Zeus”.

En conclusión, afirmó que será deber del caso 08 de la JEP (crímenes de la Fuerza Pública en asocio con paramilitares) avanzar con el resto de la investigación.