En varias partes del mundo <b>está prohibido un insecticida llamado Clorpirifós,</b> por ejemplo, en 2021 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos EPA prohibió su uso argumentando que <b>este insecticida pone en riesgo la salud de niños entre de 1 a 2 años de edad, </b>los más vulnerables, y lo mismo ha argumentado La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y China, que en 2016 también tomó la misma decisión.Ahora, el turno es para Colombia,<b> la Corte Constitucional estudió una tutela que exige la prohibición de esta molécula en el país,</b> argumentando que trae efectos neurológicos para los niños al ser el uno de los insecticidas más usados en el país en productos como:<b> tomate, banano, arroz, algodón, sorgo, maíz, papa, café, frutales, hortalizas, cacao, yuca, naranja, papaya, y plátano, </b>entre otros.WRadio conoció en primicia la decisión de la Corte Constitucional en la que en fallo histórico prohibió el uso de esta molécula y<b> le dio la razón a la acción de tutela que instauró Luis Domingo Gómez Maldonado</b>, en representación de su hija, Valeria Gómez del Río, y de las niñas y niños del territorio colombiano.Dentro de las órdenes,<b> le pidió al ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), suspender de manera inmediata la comercialización de productos químicos agropecuarios con el componente activo Clorpirifós.</b><b>ICA tiene un plazo de seis meses contados a partir de la notificación </b>para que adopte las medidas administrativas necesarias para eliminar de manera definitiva el uso del Clorpirifós.Para cumplir estas órdenes, el ICA tendrá que implementar las acciones que permitan una transición hacia la sustitución del pesticida. Esto con el fin de disminuir el impacto negativo que la prohibición inmediata de uso podría tener en la economía.También le ordenó al Ministerio de Salud que, acompañe al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el cumplimiento de las órdenes dictadas en este fallo. Sobre lo anterior, tendrá que rendirle informes semestrales al juez de primera instancia. Y a la Procuraduría vigilar el cumplimiento de la sentencia.