Informe reveló casos de abuso sexual en cárceles federales de Estados Unidos

Un informe del Congreso de Estados Unidos reveló que miles de mujeres encarceladas en prisiones federales han denunciado abusos sexuales por parte de empleados carcelarios en al menos dos tercios de las cárceles federales del país.

Tras una investigación de ocho meses realizada por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, y liderada por el senador demócrata Jon Ossoff, los legisladores descubrieron que en la última década empleados de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, en inglés) abusaron de las presas en “al menos” 19 de las 29 instalaciones existentes entonces.

Desde 2012, dos de ellas, FCC Coleman, en Florida, y MCC Nueva York, ya no tienen presas o ya no están en uso.

En “al menos” cuatro de las prisiones consideradas, incluidas esas dos últimas, varias mujeres sufrieron abusos sexuales durante meses o años.

“Seamos totalmente claros. Esta situación es intolerable. Ha habido un fallo sistemático a la hora de prevenirla, detectarla y atajarla. El cambio empieza por la verdad”, indicó Ossoff en la presentación de su investigación en el Congreso.

La BOP es responsable de la custodia y el cuidado de los presos. Hasta este pasado noviembre había aproximadamente 160.000 personas encarceladas en sus 122 instalaciones, de las cuales unas 11.000 eran mujeres internas en las actuales 27 cárceles con mujeres. De esas 27, 6 son solo para mujeres y 21 tienen tanto a hombres como mujeres.

Esa agencia ha abierto 5.415 casos de asuntos internos por denuncias de abuso sexual por parte de prisioneros hombres y mujeres en la última década.

Pero según los legisladores, la BOP falla a la hora de que los empleados sean responsabilizados por su conducta y tiene aproximadamente 8.000 casos internos acumulados, algunos de los cuales se remontan a más de cinco años.

El informe detalla que estos retrasos en la resolución de denuncias “han impedido la capacidad del BOP de obligar a sus trabajadores a rendir cuentas”.

Su investigación, que interrogó a más de dos docenas de personas, incluidas a doce mujeres víctimas de esas agresiones, recuerda que el abuso sexual a prisioneros por parte de agentes de la BOP es un delito federal sujeto también a sanciones administrativas.

Entre esas supervivientes está Carolyn Richardson, que estuvo encarcelada en Nueva York y sufrió abusos durante meses.

Al principio, el agente en cuestión parecía preocuparse por su bienestar, declaró. “Luego solo le interesaban los favores sexuales. Confío en que al compartirlo podamos mejorar el sistema”, dijo en su comparecencia en Washington.