Emilio Tapia denunció que la fiscal Angélica Monsalve lo grabó a escondidas

Emilio Tapia, condenado por el escándalo del ‘Carrusel de la contratación’, denunció que la reconocida fiscal Angélica Monsalve lo grabó sin su consentimiento, en medio de una conversación que en total duró un poco más de 60 minutos en medio de lo que aparentemente fue una diligencia judicial.

Según expresó en una declaración conocida este martes, Monsalve supuestamente le dijo ser familiar cercana de Carlos y Vicente Castaño Gil.

En el documento menciona que el investigador judicial Pablo Elías Calderón lo citó a mediados de septiembre para declarar sobre la investigación por la licitación de TransMilenio para la concesión del SIRCI, o Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, abierta en 2011.

Sin embargo, Tapia dijo no podía pronunciarse sobre ningún caso fuera de la colaboración previamente acordada con la Fiscalía y sin la presencia de su abogado.

“En ese momento, el investigador me puso en una videollamada con la fiscal a cargo del proceso, Angélica Monsalve, en la que ella me pidió la ayudara con hechos del caso, dijo estar en capacidad de ayudarme ‘muchísimo’ con un principio de oportunidad, y anunció que dispondría una próxima diligencia para ahondar en ello”, expresa Tapia.

Según dijo el pasado 25 de noviembre se llevó a cabo el encuentro con la fiscal Monsalve, por cerca de una hora donde la primera parte de la conversación giró en torno a su vida personal y familiar y de cómo ella era supuestamente prima o hermana de Carlos y Vigente Gil.

También señaló que Monsalve se refirió al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa y dijo que debía ganarle una pelea.

“De los casi 60 minutos que duró la conversación, los primeros 30 los usó la fiscal Monsalve en hablar de sus relaciones personales en su lugar de origen, Amalfi, con los miembros del clan Castaño Gil –me aseguró incluso ser “prima y  como hermana” de Carlos y Vicente-; de su riqueza personal y familiar, para argumentar luego que por eso ella no necesitaba del empleo de fiscal, pero que lo desempeñaba porque en este momento necesitaba ganarle una pelea al Fiscal General, confrontación que también se extendía al director de la Unidad Especial, Eduar Calderón, a quien mencionó con nombre propio”, dijo.

De acuerdo con Tapia, la fiscal Monsalve también manifestó: “el Fiscal General es mi superior jerárquico, dijo, pero no soy su subalterna, y luego hizo referencias similares a otras personas también de la propia Fiscalía. No sé si dijo esas cosas por ciertas, o como medio para ganar confianza”.

En la declaración de dos páginas, el contratista mencionó también que Monsalve le habría ofrecido supuestos beneficios para declarar en el caso de TransMilenio y supuestamente le pidió al fiscal investigador que la acompañaba que los dejara solos en el lugar.

Sentados frente a frente Monsalve puso sobre la mesa el tema de Centro Poblados.

“A sus inquietudes respondí lo que, a mi juicio, yo podría esperar de un eventual acuerdo con la Fiscalía; lo que ya se ha planteado en las sesiones iniciales con mi equipo de defensa; o, lo que yo intuyo, podría llegar a ser el resultado de este proceso, aún en discusión con la Fiscalía y las víctimas”, expresó Tapia.

Dijo que no autorizó nunca que la conversación fuera grabada.

“Nunca fui advertido de que esa conversación informal y sin testigos, pudiera estar siendo grabada; nunca me fue presentada una comunicación o decisión judicial en virtud de la cual se autorizara a la fiscal Monsalve a grabar nuestra conversación; siempre entendí que estábamos en una conversación informal, ajena a la ritualidad jurídica, y por tanto espontánea en la forma y en el fondo”, apartes de la denuncia.

También añadió que “resulta insólito, por lo menos, que un ciudadano se vea hoy expuesto dentro de un proceso penal a prácticas de grabación clandestina de sus conversaciones con los mismos funcionarios que provocan e incitan diálogos, con el mero ánimo de saldar rencillas personales o generar respuestas públicas desmedidas sobre hechos inexistentes”.

Sobre la polémica del supuesto preacuerdo sobre el desfalco de Centros Poblados en el que el Estado perdió $70.000 millones, aseguró que no existe ninguna negociación.

“Estamos frente a una conducta abusiva de la fiscal Monsalve al grabar una conversación privada y dar a conocer apartes incompletos de ella para buscar sus propios fines personales. Porque no hay en este momento un preacuerdo sobre el caso de Centros Poblados, apenas se avanza con diálogos entre todas las partes en una negociación, con miras a buscar la mejor protección de los afectados, con verdad, justicia y reparación”.

Finalmente, pidió que las autoridades investiguen a la fiscal Monsalve.