Juan Carlos Cortés se declaró impedido para definir reforma a la Procuraduría

El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés, entró al debate de la reforma a la procuraduría, entidad en la que trabajó como viceprocurador en la época de Fernando Carrillo.

Actualmente en la Corte Constitucional está por definirse si la Procuraduría General de la Nación seguirá con la facultad de sancionar a elegidos popularmente, la cual fue otorgada por una reforma que le dio el Congreso de la República y que le había sido suspendida por la sentencia de la CIDH en el caso de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá.

La Procuradora General Margarita Cabello había solicitado también una audiencia pública para dar la pelea antes de que la Corte tome una decisión, petición que le fue negada porque según el alto tribunal, solo la podría hacer un magistrado y no una funcionaria pública como lo es Cabello.

Ahora que en Sala Plena del día de mañana 7 de diciembre está en el orden del día este arduo debate, el magistrado Juan Carlos Cortés se declaró impedido para poder tomar una decisión de fondo, y ahora en vez de 9, son 8 los magistrados que deberán votar esta ponencia y en caso de un empate se deberá elegir un conjuez, además la ponencia se podría resolver hasta el 2023, debido a que mañana es la última sala de este 2022.

Por su parte Juan Carlos Cortés alegó que como viceprocurador General le correspondió participar en el trámite constitucional que concluyó con la promulgación de la Ley (1952 de 2019), que implementó la estrategia para defender a la Procuraduría en el caso que adelantó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que así argumentó su impedimento.”que fue modificada por la Ley 2094 de 2021.

II) Integrar el equipo que diseñó e implementó la estrategia de intervención y defensa de la Procuraduría General de la Nación en el caso adelantado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por demanda del ciudadano Gustavo Petro Urrego.

III) Hacer seguimiento a la gestión institucional e instruir frente a la aplicación y efectos de la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del 15 de noviembre de 2017, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y iv) orientar doctrinariamente el manejo de conflictos de competencia adelantados ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en los cuales se debatió la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación para disciplinar y sancionar a servidores públicos de elección popular.