Presidente de Sudáfrica impugna el informe que puede sacarlo del poder
Ramaphosa solicitó al tribunal, máxima instancia judicial de Sudáfrica, que desestime el informe, que tilda de “ilegal”.
Cyril Ramaphosa. (Photo by Chris Jackson/Getty Images) / CHRIS Jackson GETTY IMAGES
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, impugnó este lunes ante el Tribunal Constitucional del país el informe que asegura que pudo violar varias leyes anticorrupción en el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte).
En la demanda, Ramaphosa solicitó al tribunal, máxima instancia judicial de Sudáfrica, que desestime el informe, que tilda de “ilegal”.
El jefe del Estado también instó a la corte a declarar que “todas las medidas adoptadas por la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento sudafricano) de conformidad con el informe son igualmente ilegales e inválidas”.
El informe amenaza seriamente el futuro político del presidente, líder del Congreso Nacional Africano (CNA), que gobierna el país desde 1994, al que la oposición presiona para forzar su dimisión.
Ramaphosa emprendió la acción legal mientras el Comité Ejecutivo Nacional del CNA, máximo órgano decisorio del partido, se reunía este lunes para discutir su futuro.
Esa reunión tuvo lugar antes de que la Asamblea Nacional debata mañana el informe y decida si seguir con un proceso que podría resultar en una votación sobre la destitución del presidente, si bien no está claro si la sesión se celebrará finalmente tras la decisión de Ramaphosa de impugnar el informe.
Tras la reunión del comité ejecutivo del partido gubernamental en Johannesburgo, el tesorero general del CNA, Paul Mashatile, reveló que, si la Asamblea Nacional se reúne para debatir el asunto, sus diputados votarán en contra.
“Eso significa que el presidente continúa como presidente”, recalcó Mashatile en declaraciones recogidas por medios locales, al insistir en que el CNA no apoyará un proceso que conduzca a la “destitución del presidente”.
La destitución del jefe del Estado requiere el voto a favor de dos tercios de la Cámara baja, formada por 400 diputados y en la que el partido gobernante controla 230 escaños (el 57,5 %).
