Insólito preacuerdo de la Fiscalía con Emilio Tapia en el caso Centros Poblados

La Fiscalía General de la Nación tiene listo un preacuerdo con Emilio Tapia para otorgarle una sustancial rebaja de penas en el caso de Centros Poblados. Lo increíble es que le van a conceder el preacuerdo sin delatar a nadie y entregando apenas una suma simbólica.

El insólito preacuerdo fue hecho a instancias de la fiscal Andrea Muñoz, pero su principal impulsor ha sido el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Eduard Alirio Calderón.

A la actual ministra de la TIC, Sandra Urrutia, también le han vendido la idea de que “algo es algo” y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado parece estar dispuesta a darle su bendición al acuerdo leonino contra los intereses públicos y solo favorable al señor Tapia.

El acuerdo, con aprobación del fiscal general Francisco Barbosa, está listo para ser presentado a un juez en enero con el propósito de que le imparta control de legalidad.

No va a ser fácil porque se supone que la figura del preacuerdo se aplica cuando el procesado delata a miembros de la organización criminal y devuelve los fondos ilícitos que recibió como resultado de la operación ilícita.

En este caso la operación ilícita es la conocida como Centros Poblados que salió a la luz pública gracias a una investigación de la periodista Paola Herrera de la W Radio. La colega reveló que una Unión Temporal, de la que hacían parte empresas ligadas a Emilio Tapia, ganó una licitación por más de un billón de pesos con el Ministerio de las TIC.

El contrato tenía por objeto la interconexión de escuelas rurales y la Unión temporal, detrás de la cual estaba Emilio Tapia, recibió un anticipo de 70.000 millones de pesos para su ejecución. A las primeras de cambio, se dieron cuenta de que las garantías presentadas por el contratista eran falsas.

La historia parece de película. Cuando empezaba a ejecutarse el acuerdo, y ante los primeros incumplimientos, el Ministerio de las TIC citó a una audiencia de descargos a los representantes de la Unión Temporal y a los del Banco Itaú Corpobanca que supuestamente garantizaba la ejecución del contrato y el manejo del anticipo. Cuando empezó la reunión los delegados del banco dijeron que ellos jamás habían expedido el aval a nombre de esos contratistas.

Los avales falsos imitaban a la perfección los auténticos pero ponían teléfonos y correos electrónicos que no eran los usados por el banco para tapar la alteración.

El Ministerio había hecho una verificación formal –a todos luces insuficiente– pero no descubrió la trampa sino cuando fue demasiado tarde. Cuando un funcionario diligente escribió al correo de notificaciones judiciales del banco ya el Ministerio le había girado el anticipo de 70.000 millones a la Unión Temporal de Tapia.

Parte de esa plata fue invertida en equipos para la operación y otra parte en bienes suntuosos que incluían un apartamento en Miami.

Por esa razón Emilio Tapia fue imputado por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

Dados los antecedentes delictivos del señor Tapia, su pena debía haberse calculado sobre el porcentaje mayor. Esto quiere decir que la Fiscalía debería pedir cerca de 14 años de prisión para el abogado y contratista.

Sin embargo, el insólito preacuerdo que Emilio Tapia cerró con la Fiscalía establece que solo sería condenado a 55 meses de cárcel y devolvería una suma simbólica, menos de 2.000 millones de pesos de los 70.000 millones que recibió como anticipo.

Tapia no delataría a nadie y lo único que haría sería aceptar los cargos de falsedad y fraude procesal que hasta ahora había negado argumentando que él también fue asaltado en su buena fe y que la culpa es del avalista por engañarlo y del Ministerio de las TIC por no haber verificado mejor el documento bancario.

Es decir el único corderito inocente en la operación es el señor Tapia, que desde la cárcel El Bosque en Barranquilla administra sabiamente sus silencios. Sabe sobre qué casos declara y sobre cuales calla.

Con esta jugada rebajaría a menos de la mitad del tiempo su sentencia y podría estar fuera de la cárcel el año entrante por acumulación de rebajas.

Emilio Tapia se ha convertido no solo en el rey de la contratación chueca sino también en el monarca de los principios de oportunidad. Su nombre aparece una y otra vez ligado a escándalos de corrupción sin que le pase mayor cosa.

Fue condenado a 17 años de prisión por el carrusel de la contratación de Bogotá pero alcanzó una rebaja sustancial de la pena por colaboración con la justicia. Aceptó los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos y ayudó a encausar a otros contratistas y funcionarios incluyendo al alcalde de Bogotá Samuel Moreno.

Salió de la cárcel en 2018 y pronto se inventó la manera de contratar nuevamente con el Ministerio de las TIC. Volvió a prisión en 2021 y hace unas semanas cuando estalló el escándalo de contratación en las Empresas Municipales de Cali, Emcali, volvió a salir a la pista. Esta vez por su vinculación con dos contratos para una planta de tratamiento de aguas en Puerto Mallarino, también licitadas con garantías falsas. Los contratos suman más de 6.000 millones de pesos.

Se supone que los preacuerdos y principios de oportunidad están legalmente diseñados para desvertebrar organizaciones criminales, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de estas conductas.

El señor Emilio Tapia parece usar reiteradamente estos instrumentos para seguir enriqueciéndose con la contratación pública, a veces incluso desde la cárcel, obteniendo una oportunidad tras otra para continuar con sus andadas.

Desde luego no lo logra solo. Esta vez paradójicamente cuenta con la ayuda de la flamante Dirección Especializada contra la corrupción de la Fiscalía General de la Nación.