Demanda contra nombramiento de Margarita Cabello estaba frenada por impedimentos

En el Consejo de Estado cursa una demanda en contra del acto que posesionó a Margarita Cabello como procuradora general de la Nación; la demanda fue formulada el 6 de octubre de 2020 por Álvaro Jesús Silva Colmenares en contra del Congreso de la República, para que se declare la nulidad de la elección porque supuestamente la elección es contraria a varios artículos, ya que no se agotó una convocatoria pública meritocrática.

El 13 de octubre de 2020 los magistrados de la Sección Quinta manifestaron impedimento para conocer de la demanda. Indicaron que, como participaron en la designación de Juan Carlos Cortés González (actual magistrado de la Corte Constitucional) como miembro de la terna enviada al Congreso para la elección del procurador y la demanda realiza algunas afirmaciones sobre la forma en que se hizo esta designación, habría varias razones para que los magistrados no tomaran esta decisión.

El proceso para resolver estos impedimentos tardó dos años, porque cuando repartieron el proceso le tocó a la sección primera, que también se declaró impedida, igual la sección segunda, por lo que finalmente hasta marzo de este año 2022 fue repartido nuevamente, y llegó a la sección tercera que resolvió este eterno impedimento, mejor dicho, una papa caliente que ninguna sección quería solucionar.

Y la tercera, tomó la decisión de que los magistrados podían declararse impedidos, siempre y cuando su candidato ternado hubiese sido el elegido y demandado, pero como la procuradora fue ternada por el presidente de la República, la sección quinta del Consejo de Estado sí podía resolver este proceso.

Esta demanda que duró dos años frenada mientras se resolvían los impedimentos, tendrá que resolverse ahora en la sección quinta como estaba planteado desde un principio.

Recordemos que ya la corporación con ponencia de la exmagistrada Lucy Jeannette Bermúdez había negado otra demanda en contra de la procuradora en mayo de 2021, bajo el argumento de que esta elección no incurrió en desviación de poder o vulneración de los principios de separación de poderes, que era lo que alegaba el otro proceso en su contra.