Tribunal podría corregir nuevamente condena contra Corficolombiana y Rama Judicial

W Radio conoció que nuevamente se podría corregir la condena que impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra Corficolombiana, la Rama Judicial y la Nación, para indemnizar a Alejandro González Beltrán, por los daños y perjuicios que se causaron al declararse nulos tres CDT’s de 1989.

Fuentes del alto tribunal le confirmaron a W Radio que, la corrección se daría luego de la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que pidió la revisión de la tasación final de la condena que inicialmente fue de 14′468.139.669.816.70, es decir, catorce billones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento treinta y nueve millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos con 70/100 m/.

Debido a esto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le entregó el expediente que generó la sentencia condenatoria para que corra el traslado pertinente y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pueda intervenir y esto durará alrededor de 30 días.

Se espera que luego del estudio del expediente, se conozca la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por lo que esto ocurriría a finales de febrero.

Además, también se resolverán las solicitudes de revisión que hicieron los equipos jurídicos de la Rama Judicial y de Corficolombiana, que se mostraron inconformes con la tasación de la condena que tras una corrección quedó en $18.393.159.339,07, es decir, dieciocho mil trescientos noventa y tres millones ciento cincuenta y nueve mil trescientos treinta y nueve pesos con 07/100 m/cte.

Mientras la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, interviene está suspendida la decisión judicial.

Cabe recordar que, en su momento generó polémica la billonaria condena y eso generó la revisión que concluyó que hubo un error aritmético y se hizo la respectiva corrección. En su momento, la magistrada ponente explicó a qué se debió que la condena fuera mayor a los 14 billones de pesos.

“Ese error aritmético influyó en el numeral “TERCERO” de la parte resolutiva de esa providencia, pues determinó valor diferente al que corresponde a la indemnización que debe ser pagada a la parte demandante por concepto de intereses moratorios; razón por la cual procede su corrección de oficio”.

La magistrada ponente finalmente cambió el Resuelve de la sentencia, quedando así:

“Condenar a la Nación, la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Corporación Financiera Colombiana, Corficolombiana S.A., a indemnizar los perjuicios causados al demandante, por suma de dieciocho mil trescientos noventa y tres millones ciento cincuenta y nueve mil trescientos treinta y nueve pesos con 07/100 m/cte ($18.393.159.339,07), de conformidad con la parte considerativa de esta sentencia”.

Este es el caso

El pasado 10 de noviembre se conoció que la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación, a la Rama Judicial y a la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) a indemnizar con más de 14 billones de pesos a Alejandro González Beltrán, por los daños y perjuicios que se causaron al declararse nulos tres CDT’s de 1989.

La cuantiosa indemnización se relaciona por lo que ocurrió hace 33 años, específicamente el 17 de febrero de 1989 cuando Corfivalle hoy Corficolombiana suscribió y expidió a nombre de Alejandro González Beltrán, tres CDT’s por 58 millones 500 mil pesos cada uno, con fecha de exigibilidad 10 años después.

A pocos días de cumplirse el plazo establecido, el 12 de febrero de 1999, González Beltrán presentó los títulos valores para cobrar los tres CDT’s, sin embargo, Corficolombiana le negó el pago argumentando que los documentos eran falsos y además los anuló y denunció al ciudadano por el delito de falsedad en documento privado y estafa.

En marzo de 2005 un juzgado de Cali condenó a Alejandro González Beltran, sin embargo, en la apelación el tribunal en Cali lo absolvió y ordenó que se le devolvieran los certificados del depósito.

En el transcurso de los años hubo más fallos penales que dieron por establecida la veracidad de los documentos, declarándolos válidos y legales.

Tras más de tres décadas de lo sucedido la magistrada ponente Clara Cecilia Suárez Vargas determinó en una sentencia que hubo errores jurisdiccionales y ordenó el pago de 14′468.139.669.816.70 es decir catorce billones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento treinta y nueve millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos con 70/100 m/.