Esta es la denuncia por presunta corrupción tras negociación de OPA por Nutresa

W Radio tuvo acceso a la denuncia de irregularidades en la presentación de demandas por parte de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. y Compañía de Cementos Argos S.A. que interpuso el abogado Andrés Garzón Roa, ante la Fiscalía General de la Nación y que generó la apertura de una investigación para determinar si se configuró un nuevo escándalo de corrupción judicial.

De acuerdo con lo que se establece en el documento, hubo irregularidades en el reparto y en la imposición de medidas cautelares en medio de las dos demandas que el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) S.A. y la Compañía de Cementos Argos S.A. interpusieron contra María Ximena Lombana Villalba, Ángela María Tafur Domínguez y Andrés Bernal Correa (integrantes de la junta directiva del Grupo Sura).

Según se advierte cada una de las demandas fue presentada el 16 de noviembre y el reparto las asignó a ambas en tiempo récord al juzgado quinto Civil del Circuito de Medellín (Antioquia).

Dichas demandas le correspondieron al juez Rafael Antonio Matos Rodelo, quien emitió el pasado 17 de noviembre en ambos casos autos en los que admitía las demandas, por fuera del horario que estableció desde hace años el Consejo Superior de la Judicatura.

Ese mismo día, se emitió un auto en el que se decretaron medidas cautelares con las que se ordenaba al representante legal del Grupo Sura abtenerse de aplicar las órdenes de la junta directiva de la misma (demandados).

Menciona el abogado Garzón Roa, que él mismo 17 de noviembre y sin que existiera una notificación oficial acerca de las órdenes del juez, el Grupo Sura, publicó las medidas cautelares en el Sistema de Información de la Superintendencia Financiera de Colombia, específicamente a las 9:51 minutos de la noche.

En el segundo proceso de la Compañía de Cementos Argos S.A. , se muestra que se interpuso la demanda el 16 de noviembre y así consta en un anexo de la denuncia, sin embargo en el sistema de la Rama Judicial aparece con horario y fecha del 17 de noviembre.

También fue fijado en estados, el auto en el que se admite la demanda el mismo día pero por fuera de la hora de atención de los juzgados.

El abogado Garzón Roa en la denuncia que formuló ante la Fiscalía logró demostrar que, el funcionamiento normal del juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín para admitir o rechazar una demanda, es de mínimo 48 horas.

Señala el jurista que es urgente que se determine si se incurrió en algún delito que lesione la administración pública o un atentado en contra de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos.

El abogado recordó lo que ocurrió con el escándalo de corrupción judicial denominado Hyundai en el que recientemente fue condenado el empresario Carlos Mattos.

“Señor fiscal, no es un secreto que en nuestro país, en el último tiempo se han presentado casos en los que el reparto de las actuaciones judiciales han sido amañadas parta que determinados asuntos sean de conocimiento de ciertos Despachos judiciales, prueba de ello es el reconocido caso Mattos”, apartes de la denuncia.

Sobre la OPA de Nutresa

“Debe, dentro de la debida elaboración de un programa metodológico, debe ser corroborado por la Fiscalía General de la Nación, pues del conocimiento nacional que se conoce del pleito surgido por la OPA para adquirir Nutresa no permite inferir que existan razones suficientes como para proferir un auto de admisión de demanda en dos procesos cuyo objeto es el mismo en menos de 48 horas”.

Investigación

La Fiscalía General de La Nación abrió una investigación para determinar si en medio de la negociación de la OPA de Nutresa, se han presentado hechos de corrupción, esto luego de recibir dos denuncias sobre presuntas irregularidades.

Debido a esto, se determinó que a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conformó un equipo integrado por dos fiscales, uno de ellos delegado ante el Tribunal de Distrito, así como un grupo interdisciplinario de servidores de policía judicial, del mismo modo se contará con expertos en informática forense, administradores de empresas, contadores y abogados.

“La Fiscalía recibió dos denuncias penales que se relacionan con las demandas civiles interpuestas por el Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura SA) y la Compañía de Cementos Argos S.A.”, señaló en un comunicado.

Al parecer, se detectaron fallas en los procedimientos de reparto, en los autos admisorios y en la adopción de medidas cautelares, en el trámite de dichas demandas civiles, lo que representaría según la Fiscalía General supuestos actos de corrupción judicial.

“Esto, a efectos de garantizar el avance estratégico, ágil y eficaz de la investigación y dar una respuesta pronta a la ciudadanía sobre el esclarecimiento de estos hechos que son de público interés”, concluyó la Fiscalía General de la Nación.

Al respecto, La W conoció que a Grupo Sura no ha llegado ninguna notificación sobre demanda penal y solo conoce lo publicado en el comunicado de la Fiscalía, en que no se aprecia que sea contra la compañía.

En caso de que haya alguna notificación o vinculación a ese proceso de la Fiscalía, Grupo Sura señala que se pronunciará en su momento por los canales pertinentes.