Sancionan a jueza ligera de ropa y magistrado cuestionado sigue impartiendo justicia

Hay hechos que deberían llamar la atención social sobre la terrible doble moral en la que vive nuestro país.

En pocas horas la juez Viviana Polanía fue sancionada porque durante una audiencia virtual se encendió su cámara y los intervinientes pudieron ver parte de su pierna y que además se estaba fumando un cigarrillo.

La queja fue inmediatamente elevada en memorial moralista del señor delegado de la Procuraduría, el doctor Hader Ramírez, quien en el afán de quejarse por lo que consideraba un irrespeto “a los intervinientes y al uso de la toga” mandó un documento con errores de redacción y semántica.

También el defensor que actuaba en la audiencia, otro hombre, el abogado Luis Alberto Rodríguez, se quejó de la juez de quien dice “se le puede apreciar en unas condiciones no propias de una administradora de justicia”.

Los pobres letrados no podían resistir la inmoral presencia de un pedacito de piel femenina al descubierto en una audiencia.

La presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca, la doctora Diana María Vélez, envió las reseñas escandalizadas de varios medios nacionales según los cuales la actitud de la jueza “no corresponde con el decoro”.

Sumó a ellos varios comentarios insultantes publicados en redes sociales que piden castigo para la jueza pecadora e inmoral.

Ante el cúmulo de quejas la Comisión Seccional de Disciplina Judicial encargó a dos magistrados, los dos hombres, para que tomen las decisiones que correspondan.

Los señores magistrados Calixto Cortés Prieto y Sady Enrique Rodríguez Santander decidieron en el acto, en menos de una hora, abrir proceso contra la Jueza a la que se le vio la pierna en la audiencia.

No contentos con eso, sus señorías, los magistrados determinan a nombre de la justicia, que la joven mujer debe ser suspendida mientras se adelanta la investigación.

La suspensión provisional es inicialmente por tres meses, sin salario, “sin derecho a remuneración alguna” reza el auto de los honorables magistrados y explica que es para “evitar que reitere la conducta examinada”.

Es decir para prevenir que se le ocurra dejar ver algo más de su piel transgresora, tan ominosa para la moral judicial.

De manera rápida, y a lo macho, se procedió a la lapidación de la pecadora que cometió la terrible falta de no vestir la negra toga de la cabeza a los pies mientras atendía una audiencia virtual.

En contraste, caballeros y también damas, como no, un magistrado cuestionado repetidamente por corrupción sigue administrando justicia a nombre de la República de Colombia.

Jorge Eliécer Mola Capera señalado de cometer cuatro prevaricatos y quien según la Fiscalía “se ha apartado deliberadamente del ordenamiento jurídico que estaba llamado a observar, al proferir decisiones manifiestamente contrarias a la ley, con el fin de favorecer los intereses particulares de algunos miembros de la familia Acosta Bendeck, quienes actualmente se encuentran en litigio por la titularidad de la Fundación que es propietaria del Hospital y la Universidad Metropolitana de Barranquilla”.

La Fiscalía asegura también que al magistrado Mola Capera le aumentó injustificadamente su patrimonio justamente mientras tomaba esas cuestionadas determinaciones.

El ente acusador asegura que “cuenta con elementos materiales probatorios y evidencia suficiente que permiten inferir que el doctor Jorge Eliécer Mola Capera, se enriqueció injustificadamente en una suma de $1.350.386.908 de pesos entre los años 2011 a 2019, aprovechándose entre otras de su condición de servidor público al ostentar el cargo de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, utilizando además a su núcleo familiar para sus fines marginales”.

A pesar de todo esto una colega de Mola Capera, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, negó la imposición de una medida de aseguramiento en su contra. La Corte Suprema rechazó una tutela contra la decisión y por lo tanto el alto juez sigue libre y ejerciendo.

Hoy mismo, jueves 23 de noviembre a las 10 de la mañana, el señor magistrado Jorge Eliécer Mola Capera, debe atender una nueva audiencia de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá por torcer una tutela para favorecer otra vez a la familia Acosta en el pleito de la Universidad Metropolitana.

El mismo por el que fue condenado el exsenador Eduardo Pulgar.

Las instancias judiciales que han examinado la decisión de Mola Capera la califican con expresiones como “verdadero exabrupto jurídico” y “medida inexplicable y exótica”.

El presunto prevaricador y enriquecido ilícitamente Jorge Eliécer Mola Capera ha sido cuestionado por años pero sigue vistiendo sin apremio la toga, que tapa sus vergüenzas y cobre su impunidad de los pies hasta el cuello.

En nuestra justicia de machos no ha merecido una sanción.

La jueza Vivian Polanía sí se hizo acreedora a una suspensión inmediata, sin haber sido oída siquiera. Procedió la lapidación instantánea y pública por su pecado de semidesnudez.

Somos más duros con la presunta pecadora que con el presunto delincuente.

Esto pasa en Colombia, mientras nos aterramos de que en Irán la joven Masha Amini muera en custodia de la “policía de la moral” del régimen islámico que la arrestó por no vestir adecuadamente el hiyab. Por no taparse apropiadamente con el velo como lo ordenan Dios y los hombres.