JEP acepta a coronel por falso positivo en que mujer fue golpeada previo a matarla
El coronel Enrique Guerrero Quiroz fue vinculado por el crimen pero en su momento en 2018, antes de someterse a la JEP, no fue sujeto de ninguna medida de aseguramiento.
La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aceptó el sometimiento del coronel Enrique Guerrero Quiroz, en su calidad en 2005 de comandante de una de las unidades del Batallón 34 Juanambú, por cuenta de la ejecución extrajudicial de tres personas, quienes fueron asesinados y presentados como bajas en combate.
En los hechos, incluso, se puso en evidencia que una de las víctimas, una mujer, María Helena Vásquez, fue golpeada (y mostraba signos de tortura) por parte de la tropa previo a su asesinato (lo cual desvirtuó la tesis de supuesto combate), para luego colocarle, como a las dos otras personas asesinadas, armamento y elementos explosivos.
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“Ellos rodearon su casa y la de EDINSON quien vivía con su compañera y su hijo menor, que gritaron que salieran con las manos en alto, luego empezaron a disparar hacia la casa contra él y lo mataron. Dice que nunca le vio armas a EDINSON, que EDINSON se dedicaba a cultivar pasto, maíz, que era pobre” señala el expediente, recogiendo la declaración de un testigo.
Es más, en el proceso se logró evidenciar que los cuerpos de las víctimas estaban en ropa interior, por lo cual se desacreditó que si se trataba de miembros de grupos armados ilegales estuviesen combatiendo contra el Ejército en calzoncillos.
“El cuerpo de la señora Vásquez Cocoma presentaba un “hematoma orbital izquierdo”, “mancga verde abdominal” y dice que “presenta lesiones a nivel de piel y fracturas de vértebras”. De igual forma, se indicó que los occisos se encontraban con prendas íntimas, sin condiciones de enfrentar el supuesto combate del que hablan los militares”, recoge la jurisdicción.
Incluso, se mencionó que algunos de los soldados participantes en el “falso positivo” que incrimina al coronel Guerrero Quiroz confesaron la irregularidad en la “operación” militar, y que se habría incurrido en el crimen de desaparición forzada debido a que voluntariamente se decidió presentar a una de las víctimas como no identificado para que su familia no supiera cómo encontrarlo.
Finalmente la jurisdicción (luego de que el coronel asegurara que llega a la JEP a no asumir responsabilidad y demostrar que no tiene nada que ver en los hechos), le ordenó que en un plazo de 10 días como máximo entregue su plan de colaboración en el que indique cuáles hechos ayudará a esclarecer, advirtiendo que de no hacerlo puede ser objeto de sanción.